El Ministerio de la Igualdad, creado en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro, entró en proceso de desmonte bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La cartera había sido una de las apuestas sociales más visibles del anterior gobierno, con énfasis en poblaciones históricamente marginadas como comunidades afrodescendientes, indígenas y víctimas del conflicto armado.
La propuesta original de crear esta entidad fue liderada por Francia Márquez, quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidenta de la República. Márquez, líder social y ganadora del Premio Goldman Ambiental en 2018, había basado su iniciativa en la necesidad de unificar y fortalecer la política pública dirigida a cerrar las brechas de desigualdad en el país.
El Ministerio de la Igualdad arrancó formalmente sus operaciones en julio de 2023, después de varios meses de alistamiento. Su estructura incluía secretarías especializadas en asuntos étnicos, de género, de juventud y de personas con discapacidad, entre otras poblaciones. Su puesta en marcha fue vista por sus defensores como un avance en la institucionalidad social del Estado colombiano.
Desde su creación, la cartera concentró amplios recursos presupuestales y fue blanco de críticas por parte de sectores que cuestionaban su gestión y sus niveles de ejecución. Con el cambio de gobierno, la administración de Abelardo de la Espriella ha optado por desmontar la estructura, bajo el argumento, según recoge el medio citado, de un ajuste al gasto público.
El proceso de liquidación implica el rediseño o la reasignación de funciones que hoy cumplen distintas dependencias del Ministerio. Programas específicos y contratos vigentes deberán ser revisados o reubicados en otras entidades del orden nacional, un trámite que, según expertos en derecho administrativo, puede extenderse varios meses.
Para los usuarios y beneficiarios de los programas sociales que dependían de la cartera, el principal interrogante es la continuidad de los servicios. Organizaciones de la sociedad civil han pedido claridad sobre qué entidad asumirá la atención de comunidades afro, indígenas y víctimas, poblaciones históricamente desatendidas por el Estado colombiano.
El desmonte se da en un contexto de reorganización general del Ejecutivo y de revisión de la estructura del Estado. Bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella se han planteado ajustes en varias dependencias, con el propósito declarado de reducir el tamaño del aparato burocrático y reorientar el gasto hacia sectores prioritarios.
La eliminación del Ministerio de la Igualdad marca un punto de inflexión en la política social del país, dado que la entidad representaba un símbolo de la apuesta del gobierno anterior por visibilizar las desigualdades estructurales. Ahora, las metas trazadas durante 2023 y 2024 deberán encontrar nuevos caminos institucionales o quedar archivadas con la liquidación.
Queda pendiente conocer el cronograma detallado del proceso, las modificaciones presupuestales asociadas y la suerte de los funcionarios que trabajaban en la cartera. El gobierno también deberá pronunciarse sobre cómo se garantizarán los derechos de las poblaciones que fueron la razón de ser del ministerio, en un escenario donde la transición administrativa podría afectar la atención directa a comunidades vulnerables.