El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que su Gobierno no continuará con el proyecto de plantas desalinizadoras previsto para Santa Marta. La decisión, según la fuente, se fundamenta en que la iniciativa no resulta viable para el Ejecutivo.
El plan formaba parte de la estrategia que la administración de Gustavo Petro venía promoviendo para atender la crisis de agua que afecta a la capital del Magdalena. El objetivo era sustituir o complementar las fuentes de agua dulce de la ciudad, históricamente presionadas por la sequía y por el crecimiento urbano.
Santa Marta registra de manera recurrente dificultades en el servicio de acueducto, con turnos de racionamiento que se han extendido durante los últimos años. El problema combina factores climáticos, déficit de infraestructura y presión demográfica, y ha sido una de las preocupaciones centrales de los samarios.
La desalinización consiste en potabilizar agua de mar mediante procesos técnicos que demandan alta inversión y consumo energético. En Colombia no se han desarrollado proyectos de gran escala con esta tecnología para consumo masivo, por lo que el plan había sido presentado como una apuesta innovadora por el Gobierno anterior.
Con el anuncio del presidente, el proyecto queda suspendido sin que se conozca hasta ahora una alternativa oficial que lo reemplace. La administración deberá definir si opta por reforzar el acueducto existente, por explorar otras fuentes o por abrir una nueva etapa de planificación con actores locales y regionales.
La medida tendrá efectos directos sobre los habitantes de Santa Marta y su área metropolitana, que esperaban una solución estructural al desabastecimiento. También impacta a los operadores del servicio y a las autoridades locales, que deberán ajustar sus planes de inversión y contingencia.
Según Infobae, el presidente no expuso de forma detallada los argumentos técnicos, contractuales o financieros que sustentan la decisión. Tampoco se mencionó si se respetarán los procesos ya adelantados ni si habrá lugar a demandas o reclamaciones por parte de los involucrados en etapas previas.
Queda pendiente la postura del Gobierno anterior, de la alcaldía de Santa Marta, de la gobernación del Magdalena y de los gremios locales, que seguramente se pronunciarán sobre los efectos de frenar un proyecto que llevaba meses en discusión pública. La crisis de agua, mientras tanto, seguirá marcando la agenda de la ciudad.