Deutsche Welle publicó un análisis en el que sostiene que con Abelardo de la Espriella Colombia podría alejarse del rumbo que siguió el presidente Gustavo Petro en materia de seguridad. El medio alemán señaló que el mandatario electo apuesta por la militarización y la judicialización como ejes de su política de orden público. Esa combinación desplazaría el énfasis que durante los últimos años se puso en los diálogos y en la llamada paz total.
Petro impulsó desde 2022 una estrategia conocida como paz total, que buscaba abrir espacios de conversación con grupos armados organizados y estructuras criminales al margen de la ley. La aproximación combinaba mesas de diálogo, sometimiento a la justicia y mecanismos legales para que organizaciones ilegales dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil. Esa política convivió con operativos militares contra organizaciones que no aceptaron los acercamientos.
De la Espriella ha sido crítico de esa ruta. De acuerdo con el extracto, el nuevo gobierno busca dejarla atrás y reemplazarla por un enfoque centrado en la fuerza pública y en la persecución penal de los responsables de delitos. El cambio implica, en la práctica, retomar herramientas que ya se usaron en administraciones anteriores, como la doctrina de la seguridad democrática y sus variantes, que priorizaban resultados operacionales sobre el terreno.
Colombia arrastra más de seis décadas de conflicto armado interno. Aunque los Acuerdos de Paz con las Farc, firmados en 2016, desmontaron a esa guerrilla como organización armada, otras estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc mantienen presencia en varias regiones del país. La estrategia frente a cada uno de esos grupos varía, lo que convierte el rediseño de la política de seguridad en una decisión que toca a comunidades enteras, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso.
La analista internacional y los lectores consultados por DW se preguntan por los efectos sobre la democracia de un giro hacia la militarización. El medio recordó que Colombia ha tenido antecedentes de resultados operacionales altos y, al mismo tiempo, señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Cualquier decisión en esa dirección debe pasar por los controles civiles sobre las Fuerzas Militares y de Policía, y por el respeto a las garantías ciudadanas en zonas de operación.
La mención a la judicialización apunta a un componente distinto: llevar a los cabecillas de las organizaciones criminales a la justicia ordinaria, con penas proporcionales y sin beneficios extraordinarios. Esa vía, según voces expertas citadas por medios internacionales, puede servir como mensaje de disuasión, pero exige investigaciones sólidas y colaboración de la Fiscalía General de la Nación, organismo constitucionalmente autónomo. La continuidad de los procesos depende también de decisiones de la rama judicial.
Para la ciudadanía, el cambio de estrategia tiene implicaciones directas en la vida cotidiana. En las ciudades, el tema pesa en indicadores de homicidio, extorsión y microtráfico. En las regiones afectadas por el conflicto, la militarización puede traducirse en aumento de pie de fuerza, pero también en restricciones a la movilidad, restricciones a la protesta y presión sobre líderes sociales. Esas comunidades esperan señales claras de que los nuevos planes llegarán con enfoque territorial.
DW recogió la preocupación sobre el futuro del proceso de paz, en particular con el ELN y otros grupos que habían solicitado acercamientos. Un viraje hacia la mano dura puede cerrar la puerta a diálogos en curso y activar la respuesta armada de esos grupos, con efectos sobre el terreno. También puede abrir la puerta a nuevas mesas de conversación si el Ejecutivo decide enviar equipos negociadores con condiciones distintas a las usadas hasta ahora.
Desde el punto de vista político, la oposición celebra el viraje y lo presenta como un retorno a la firmeza del Estado. Sectores afines al gobierno saliente han cuestionado el giro porque, según ellos, podría cerrar espacios de diálogo que costaron años construir. El debate apunta a un punto central del mandato que se inicia: cómo mantener la fuerza legítima sin romper la posibilidad de resolver el conflicto por vías políticas.
Quedan pendientes las decisiones concretas del nuevo gobierno: el diseño del Plan de Seguridad Nacional, la reorganización de la presencia militar en regiones afectadas, la política frente a cada grupo armado específico y el rol de los ministerios del Interior y de Defensa. La sociedad colombiana estará atenta a esos anuncios, porque marcarán el rumbo de los próximos cuatro años en un tema que toca la convivencia, la justicia y la democracia.
Como recuerda Deutsche Welle, el giro no es solo operativo sino de enfoque. Definir si Colombia avanza por la vía militar y judicial o por la ruta del diálogo es una de las decisiones definitorias del gobierno que empieza a proyectarse con Abelardo de la Espriella. La fuente original invita a seguir el debate con detalle en los próximos meses.