El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, trabaja en un plan piloto para bloquear la señal de teléfonos celulares dentro de las cárceles del país. La medida, según reportó Revista Semana, tiene como objetivo central cortar las comunicaciones que las organizaciones criminales sostienen desde los centros de reclusión, un problema que las autoridades han identificado como una de las principales vías de coordinación de actividades ilícitas.
Desde el Ejecutivo se señaló que la orden impartida es “golpear las comunicaciones del crimen desde las cárceles”. La frase resume la lógica de la estrategia: atacar un eslabón clave de la cadena operativa de los grupos ilegales, que durante años han utilizado teléfonos móviles, y en algunos casos dispositivos decomisados, para ordenar hechos delictivos, coordinar extorsiones y mantener el control de redes desde los patios de los penales.
Colombia enfrenta desde hace décadas el desafío de la inseguridad al interior de su sistema carcelario. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha documentado en múltiples oportunidades el ingreso irregular de equipos de comunicación, a pesar de los controles existentes. Esta situación ha derivado en investigaciones por vínculos entre internos y estructuras como el Clan del Golfo, bandas de narcotráfico y grupos dedicados a la extorsión, que han convertido algunos penales en centros de mando.
El bloqueo de señal de telefonía móvil en establecimientos carcelarios no es una idea nueva en el derecho comparado. Países como Estados Unidos, México y Brasil han implementado sistemas de inhibición de frecuencias con resultados diversos, en algunos casos con controversias por la afectación a la conectividad en zonas urbanas cercanas. En Colombia, la viabilidad técnica de la medida depende de la tecnología utilizada, que puede ir desde inhibidores de radiofrecuencia hasta acuerdos con operadores de telecomunicaciones para desactivar las antenas en el perímetro de los penales.
Para la ciudadanía, una medida de este tipo tiene implicaciones directas en materia de seguridad. Si las cárceles dejan de funcionar como centros de coordinación criminal, la expectativa de las autoridades es que se reduzcan hechos como las llamadas extorsivas a comerciantes, los sicariatos ordenados desde los penales y las amenazas a líderes sociales. Sin embargo, la efectividad dependerá de la capacidad de las fuerzas de seguridad para evitar el ingreso de dispositivos no autorizados y de la actualización de los protocolos del INPEC.
La iniciativa también abre un debate sobre el uso de la tecnología de telecomunicaciones en Colombia. Los operadores móviles deberán establecer mecanismos para impedir la emisión de señal en áreas específicas, lo que requiere coordinación técnica y regulatoria con el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro. Hasta el momento no se han detallado públicamente los penales donde se implementará el plan piloto ni los plazos de ejecución.
El sistema penitenciario colombiano custodia a más de cien mil internos, distribuidos en más de un centenar de establecimientos a cargo del INPEC. La capacidad desbordada, las condiciones de hacinamiento y la presencia de estructuras criminales organizadas son factores estructurales que cualquier política de seguridad en las cárceles debe considerar. En este contexto, el bloqueo de señal se presenta como una herramienta complementaria a otras estrategias, entre ellas los traslados, las requisas, los procesos de resocialización y la cooperación con la justicia.
La estrategia se conoce en un momento en el que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad declarada por la administración de De La Espriella. En las próximas semanas se espera que el Gobierno entregue detalles técnicos del plan, los penales seleccionados y los indicadores con los que se medirá su impacto. La ciudadanía y los organismos de control estarán atentos al desarrollo de la medida y a sus resultados concretos en la reducción de delitos coordinados desde los centros de reclusión.