El presidente Abelardo de la Espriella instruyó al Ministerio de Justicia y a la fuerza pública revisar los casos de políticos procesados que se encuentran alojados en instalaciones policiales o de la Fuerza Pública. La directriz busca que estas personas cumplan sus medidas de aseguramiento en centros carcelarios ordinarios, según reportó El Colombiano.
El caso que motivó la revisión es el del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien estaba recluido en un establecimiento de la Policía con condiciones especiales. Abadía fue trasladado a una cárcel del sistema penitenciario nacional, donde, según la versión recogida por El Colombiano, perdió las comodidades de las que gozaba antes del cambio de Gobierno.
La instrucción presidencial se produjo pocos días después de la posesión del nuevo Gobierno. El traslado de Abadía fue interpretado por fuentes oficiales como una señal de que el Ejecutivo no concederá tratamientos diferenciados a detenidos por investigaciones de corrupción o nexos con estructuras armadas ilegales.
La situación de Abadía venía siendo motivo de debate desde años atrás. El exgobernador enfrenta procesos judiciales por hechos relacionados con violencia y posibles vínculos con grupos armados, y permanecía en un batallón policial desde hacía varios años. Esa permanencia había sido cuestionada por víctimas y por sectores políticos que pedían su ingreso al sistema carcelario común.
Con la orden presidencial, las autoridades deben evaluar otros expedientes similares. Políticos, exmandatarios regionales y antiguos servidores públicos con medidas de aseguramiento vigentes en guarniciones militares o policiales podrían ser reubicados en cárceles gestionadas por el INPEC, dependiendo del resultado de cada revisión.
El traslado de Abadía genera expectativas en procesos contra otros exgobernadores y exalcaldes que cumplen detención preventiva en dependencias de la fuerza pública. La Rama Judicial será la encargada de autorizar o no los cambios de centro de reclusión, con base en criterios de seguridad, condiciones del establecimiento y estado de salud del interno.
Organizaciones de víctimas han reclamado durante años que los procesados por graves violaciones a los derechos humanos o por vínculos con paramilitarismo no permanezcan en guarniciones militares, consideradas más permisivas que una cárcel del INPEC. El Gobierno abrió la puerta a que esa exigencia pueda atenderse en varios casos pendientes.
En el plano institucional, la decisión marca una ruptura con la práctica de mantener a ciertos detenidos en condiciones especiales por su perfil o por acuerdos con gobiernos anteriores. Sectores defensores de derechos humanos han pedido que la revisión se aplique con criterios uniformes y sin discriminaciones, para evitar que el traslado dependa del poder político del investigado.
Queda por verse cuántos expedientes serán efectivamente revisados y cuántos detenidos serán reubicados en las próximas semanas. El Ministerio de Justicia deberá informar los criterios aplicados y el cronograma de evaluación de cada caso, mientras la Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a las condiciones de reclusión posteriores a cada traslado.