El senador Iván Cepeda afirmó que las primeras medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella en materia de orden público configuran las bases de un “gobierno paramilitar”, según reportó UNIMINUTO Radio. El legislador sostuvo que esa configuración pone en grave riesgo a la población colombiana.
Cepeda es una de las voces más activas de la oposición en el Congreso y suele intervenir en debates sobre derechos humanos, conflicto armado y política de seguridad. Su intervención se inscribe en la discusión sobre cómo el Estado debe enfrentar el crimen organizado y las disidencias armadas que aún operan en varias regiones del país.
La figura del paramilitarismo en Colombia tiene antecedentes sensibles. Las Autodefensas Unidas de AUC fueron desmovilizadas a mediados de la década de 2000 en el marco de un proceso de justicia y paz que dejó condenas por miles de crímenes. Cualquier mención directa a un “gobierno paramilitar” reabrió el debate sobre los límites entre la fuerza pública legítima y la actuación de grupos armados ilegales.
El orden público es una de las atribuciones centrales del Ejecutivo. El presidente de la República dirige la fuerza pública, formula la política de seguridad y defensa, y coordina con la Fiscalía y la Rama Judicial los operativos contra el crimen. Las decisiones iniciales del gobierno en esa materia suelen marcar el tono de los primeros meses de gestión.
La advertencia del senador no se refiere a un hecho judicial concreto, sino a una valoración política sobre el rumbo del gobierno. Al hablar de “gobierno paramilitar”, Cepeda aludió a una percepción de continuidad entre el Estado y estructuras armadas al margen de la ley. Esa lectura choca con la posición oficial, que suele insistir en el respeto a la legalidad y al debido proceso.
El debate llega en un momento sensible para las regiones más afectadas por la violencia. Zonas como el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Cauca y partes de Nariño registran presencia de grupos armados y disidencias. La ciudadanía observa con atención qué tipo de operaciones se autorizan y bajo qué controles institucionales actúan las fuerzas de seguridad.
Para los ciudadanos, el impacto de la política de orden público se mide en hechos concretos: cuántos operativos se realizan, cuántos capturas se reportan, cuántos civiles resultan afectados. Cada decisión presidencial en esa materia tiene consecuencias sobre la vida cotidiana, la libertad de prensa y la protección de líderes sociales y excombatientes.
Organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas suelen pedir que cualquier estrategia de seguridad esté acompañada de transparencia, rendición de cuentas y respeto al derecho internacional humanitario. La frase de Cepeda reabrirá ese tipo de exigencias en los próximos días.
Quedan varios temas pendientes. Falta conocer el contenido exacto de las medidas a las que el senador hizo referencia y la respuesta oficial del gobierno. También está por verse si otros congresistas, exministros y voceros de la sociedad civil se suman a la denuncia o si la respaldan las instancias de control del Estado.
Por ahora, el cruce de declaraciones muestra un inicio de mandato cargado de polarización. La forma en que el gobierno responda y los hechos que se reporten en las siguientes semanas determinarán si la advertencia de Cepeda se convierte en un debate de fondo o queda como una confrontación política más.