La denuncia fue radicada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación, según los documentos obtenidos por CAMBIO. El expediente se apoya en una auditoría forense que revisa la trazabilidad del oro que pasó por la Comercializadora Internacional de Minerales y Metales de Colombia, Meprecol, una sociedad creada con participación estatal para comprar y exportar oro colombiano.
De acuerdo con el reporte periodístico, la auditoría y la denuncia concluyen que nadie puede demostrar plenamente de dónde provenía parte del metal que la empresa manejó durante años. Esa falta de trazabilidad es el corazón de la queja: sin origen acreditado, no es posible descartar que se hayan comercializado minerales extraídos fuera de los canales legales o sin los controles ambientales y sociales exigidos por la ley.
Meprecol nació como una apuesta del Estado para intervenir de forma directa en la cadena del oro, un renglón sensible por su histórica informalidad, por los vínculos con grupos armados y por el riesgo de lavado de activos. La empresa fue concebida para comprar mineral a pequeños mineros formalizados, transformarlo y venderlo en el exterior, en un intento por recuperar terreno frente a la exportación ilegal.
La actual administración de Meprecol, en respuesta, sostiene que las irregularidades señaladas ocurrieron cuando la compañía estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de administrar bienes y empresas que pasan a manos del Estado por procesos de extinción de dominio, liquidación o intervención. Esa precisión es relevante porque desplaza la responsabilidad del manejo hacia una etapa anterior y hacia una entidad específica.
El expediente abre un frente judicial que combina dos planos. Por un lado, el penal, con la denuncia ya en manos de la Fiscalía para que determine si hubo delitos como lavado de activos, contrabando, peculado o ejercicio indebido de actividades financieras. Por el otro, el administrativo, con la auditoría forense como insumo para esclarecer qué controles internos fallaron y qué funcionarios o administradores podrían haber tenido responsabilidad disciplinaria o fiscal.
Para el sector minero la noticia tiene implicaciones directas. Colombia es uno de los principales productores de oro de América Latina, y la trazabilidad del metal se ha convertido en una exigencia creciente de los mercados internacionales, que piden garantías de origen para evitar comprar oro vinculado a conflicto armado, deforestación o financiamiento de grupos criminales. Cualquier episodio que ponga en duda la trazabilidad del oro estatal afecta la reputación del país ante esos compradores.
La denuncia también reaviva el debate sobre la eficacia de las entidades que administran empresas intervenidas. La SAE, que recibe compañías en distintos estados, suele asumir el reto de sanearlas antes de devolverlas o liquidarlas. El caso de Meprecol plantea preguntas sobre si los protocolos de esa entidad alcanzan para evitar que una empresa en intervención acumule pasivos ocultos o movimientos sin registro adecuado.
Desde el Gobierno de De La Espriella la decisión de llevar el caso a la Fiscalía se presenta como un compromiso con la transparencia y la defensa de los recursos públicos. Sectores críticos, en tanto, recordarán que las investigaciones por manejo de oro suelen ser prolongadas y que los resultados judiciales dependen de la capacidad de la Fiscalía para acreditar cadenas de custodia, registros contables y documentos de exportación que, según el reporte, precisamente no estarían completos.
Quedan varios puntos por esclarecer. Entre ellos, el volumen exacto del oro sin trazabilidad acreditada, los periodos específicos en los que se habrían presentado las irregularidades, las exportaciones puntuales comprometidas y los funcionarios que tuvieron a su cargo el manejo de Meprecol durante la administración de la SAE. También queda abierta la pregunta sobre si la actual administración de Meprecol facilitará toda la información interna que requiera la Fiscalía para avanzar en la investigación.
Por ahora, el caso deja una fotografía incómoda: una empresa estatal, concebida para ordenar un mercado problemático, terminó bajo sospecha por no poder acreditar el origen de parte del oro que comercializó. La denuncia del Gobierno de De La Espriella pone ese expediente en la arena judicial y obliga a responder si el Estado, al intervenir la cadena del oro, perdió también el control sobre lo que exportaba en su propio nombre.