El Gobierno Nacional anunció que antes de cerrar 2026 fijará el rumbo de las Empresas Promotoras de Salud que permanecen bajo intervención. La medida busca resolver una incertidumbre que arrastra el sistema desde hace varios años y que mantiene en vilo a millones de usuarios del régimen contributivo y subsidiado.
Las EPS intervenidas son administradas temporalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, que designa un agente interventor cuando la entidad presenta problemas financieros, administrativos o de atención a los pacientes. Mientras dura la intervención, la EPS sigue prestando servicios a sus afiliados, pero su manejo queda en manos del Estado.
Durante los últimos años, distintas EPS acumularon deudas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, además de denuncias por barreras de acceso a citas, exámenes y tratamientos. Esa combinación de factores llevó a la Supersalud a ordenar la intervención de varias de ellas, separándolas de sus antiguos propietarios.
El anuncio de que habrá una definición antes de diciembre de 2026 significa que el Ejecutivo evalúa opciones que van desde la liquidación de algunas entidades, su fusión o reorganización, hasta una posible reprivatización bajo nuevas condiciones. La fuente consultada no detalla qué camino se tomará con cada EPS de la lista.
Para los afiliados, el punto central es si tendrán que cambiar de aseguradora, si su cobertura se modificará o si los tratamientos en curso se verán interrumpidos. La ley contempla que, en caso de liquidación, los usuarios deben ser reasignados a otra EPS sin que pierdan la continuidad de los servicios de salud.
El sistema de salud colombiano funciona con dos regímenes principales. El contributivo financia la atención con aportes de empleados y empleadores, mientras el subsidiado cubre a la población más vulnerable con recursos del Estado. Las EPS son las encargadas de afiliar a los usuarios y gestionar la prestación de los servicios a través de las Instituciones Prestadoras de Salud.
La crisis de varias EPS no es nueva. Desde 2015 la Superintendencia ha intervenido entidades como Saludcoop, Caprecom y, más recientemente, otras que presentaban déficit en la Unidad de Pago por Capitación, quejas por negación de servicios y atrasos en pagos a la red hospitalaria. Cada intervención ha implicado debates sobre el modelo y la sostenibilidad del sistema.
Sectores gremiales y académicos han pedido que la decisión se tome con criterios técnicos y no coyunturales, recordando que la salud de los colombianos depende de la estabilidad de las aseguradoras. También han solicitado reglas claras para los trabajadores de la salud vinculados a esas entidades, que en muchos casos quedan en el limbo mientras se define el futuro institucional.
Por ahora, el compromiso del Gobierno es que la definición llegue antes de que termine el año, lo que convierte el segundo semestre en una etapa clave para usuarios, trabajadores del sector y hospitales que esperan el pago de cartera. Cualquier cambio en la lista de EPS intervenidas tendrá impacto directo en la red de atención y en la confianza de los ciudadanos frente al sistema.