Un grupo de senadores del Centro Democrático solicitó que la reducción del presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sea de al menos el 50 %, según reportes de prensa. La petición supera los 100.000 millones de pesos que la bancada de Salvación Nacional propuso recortar a esa entidad dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación.
Entre los legisladores que respaldan la solicitud está María Clara Posada, senadora del Centro Democrático. La congresistas ha sido una de las voces más visibles dentro de su bancada en la exigencia de ajustar las partidas destinadas a la justicia transicional en Colombia, un debate que se reitera cada año en el trámite presupuestal.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las Farc. Su función es investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por excombatientes como por agentes del Estado que se acogieron al proceso. El sistema fue diseñado para funcionar durante un periodo determinado y sus costos han sido objeto de controversia política desde su puesta en marcha.
La discusión del Presupuesto General de la Nación se realiza cada año en el Congreso, donde las bancadas presentan propuestas de modificación a las partidas asignadas por el Gobierno nacional. En esa puja legislativa, las colectivas suelen negociar reducciones o traslados de recursos entre sectores, y el rubro de la JEP aparece recurrentemente como uno de los puntos de discusión.
La propuesta de Salvación Nacional, base sobre la cual se formula ahora la exigencia del Centro Democrático, contempla un recorte de 100.000 millones de pesos. Los senadores del uribismo consideran que esa cifra es insuficiente y plantean que el ajuste llegue a la mitad del presupuesto actualmente destinado a la jurisdicción. No se conocen aún los montos exactos ni el impacto específico sobre los procesos que adelanta la JEP.
Para los ciudadanos, el debate tiene implicaciones directas en el funcionamiento de la justicia transicional y en la manera como se investigan los delitos del conflicto. Una reducción presupuestal puede traducirse en menor capacidad operativa, mientras que el mantenimiento de las asignaciones garantiza la continuidad de los procesos abiertos. Las víctimas, los comparecientes y las unidades de investigación son los principales afectados por cualquier modificación en la financiación.
Por ahora, la propuesta debe surtir su trámite en las comisiones económicas del Congreso, donde se votarán las modificaciones presentadas por las distintas bancadas. Queda por verse si la iniciativa logra el consenso necesario o si se convierte en un punto de negociación dentro del paquete de ajustes al presupuesto nacional.