El medio Mutante publicó un balance sobre los primeros dos meses del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, en el que describe una estrategia de seguridad caracterizada por bombardeos, operativos con objetivos de “alto valor” y recorridos en zonas donde hay presencia de cadáveres. La nota fue retomada como insumo principal de este artículo.
Según el reporte, estas acciones fueron anunciadas desde la campaña presidencial como el eje del proyecto de seguridad del entonces candidato, que prometió resultados firmes contra las organizaciones criminales que afectan a la población civil en distintas regiones del país.
En el mismo texto, Mutante sostiene que comunidades y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que califican como un recrudecimiento de la violencia oficial contra la población civil, una alerta que pone en tensión la promesa de protección con el cuidado de los derechos fundamentales.
Para los críticos citados en la nota, el problema central no sería la existencia de una política de seguridad, sino los métodos empleados, pues sostienen que acciones como los bombardeos pueden afectar a habitantes de zonas rurales alejadas de los centros urbanos, donde la presencia del Estado es limitada y la fuerza pública se mueve entre comunidades campesinas e indígenas.
Desde la perspectiva institucional, las operaciones de “alto valor” forman parte del repertorio habitual de las Fuerzas Armadas en distintos gobiernos y suelen justificarse como golpes decisivos contra cabecillas y estructuras dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Su uso reiterado en tan corto plazo es lo que ha llamado la atención de los observadores.
El debate se inscribe en una discusión de fondo sobre el equilibrio entre la fuerza del Estado y la protección de los derechos humanos, un tema que en Colombia ha sido recurrente desde la implementación de la política de seguridad democrática a comienzos de los años 2000 y que se reactivó durante los procesos de paz con grupos armados.
La nota de Mutante también recoge el dato de que los operativos se han realizado en zonas donde se han reportado hallazgos de cuerpos, una coincidencia que para las comunidades no es casual y que las organizaciones han utilizado para pedir investigaciones independientes que aclaren las circunstancias de esas muertes.
En materia institucional, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares son las entidades encargadas de planificar y ejecutar estos operativos, y deben responder ante la opinión pública y los organismos de control por los resultados y por eventuales denuncias de excesos.
Queda por verse cómo evolucionará la política de seguridad en los próximos meses y si el Gobierno abrirá espacios de diálogo con las organizaciones que han expresado su preocupación, o si mantendrá la línea descrita por Mutante sin modificaciones sustanciales.
Por ahora, el balance de los primeros dos meses deja una fotografía con dos lecturas: para el Gobierno, una ofensiva decidida contra el crimen; para las comunidades y organizaciones citadas por Mutante, una alerta temprana que exige seguimiento y veeduría ciudadana.