La Plenaria del Senado de la República negó las objeciones presidenciales que el presidente Abelardo de la Espriella presentó para evitar la sanción de la ley impulsada por el Centro Democrático. La decisión deja el texto en firme y habilita al Gobierno a proceder con su sanción.
Las objeciones presidenciales son el mecanismo constitucional que tiene el Ejecutivo para devolver un proyecto de ley al Congreso cuando considera que contiene inconstitucionalidades o inconvenientes. Cuando ambas cámaras las rechazan por mayoría, el presidente está obligado a sancionar la ley.
El proyecto que ahora queda en firme había sido promovido por el Centro Democrático. La norma busca impedir que se reduzcan los requisitos exigidos para acceder a cargos, contratos o beneficios del Estado. El propósito explícito es blindar los estándares de idoneidad, meritocracia y transparencia en la contratación y el empleo público.
En Colombia, las objeciones presidenciales se tramitan como una ley ordinaria: cada cámara las debate y vota por separado. Si ambas las rechazan, el Ejecutivo pierde el control del trámite y la ley debe ser sancionada dentro de los plazos establecidos por la Constitución.
Con la decisión del Senado, el proyecto queda a un solo paso de convertirse en ley. Una vez que la Cámara de Representantes también vote, o si ya lo hizo, se espera la sanción presidencial y la posterior publicación en el Diario Oficial para que entre a regir en el ordenamiento jurídico colombiano.
La ley, según su exposición de motivos, apunta a cerrar lo que sus autores llaman una puerta para el debilitamiento de los estándares de ingreso al Estado. Sus defensores sostienen que blinda la meritocracia y dificulta el clientelismo en la contratación pública.
Desde el Gobierno, las objeciones presidenciales se habían presentado como un llamado a revisar el impacto fiscal y operativo de la norma. Con el rechazo del Senado, el presidente De la Espriella deberá ahora decidir si sanciona la ley o si, eventualmente, recurre ante la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, una vez publicada la ley, podría revisar su contenido si un ciudadano, una autoridad o el propio Ejecutivo presenta una demanda contra su articulado. Mientras ese proceso avanza, la norma podría empezar a regir de manera inmediata.
La decisión marca un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Centro Democrático, colectividad que ha sido crítica del actual Gobierno. Ahora, con la ley en camino a sanción, queda pendiente la discusión sobre su aplicación práctica en entidades nacionales y territoriales.