El senador Alejandro Ocampo, integrante de las bancadas de oposición, dirigió un cuestionamiento al Gobierno Nacional por la defensa que el presidente Abelardo de la Espriella hizo de los exmilitares colombianos procesados en Estados Unidos por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Según la fuente, el congresista pidió que se explique con qué norma jurídica y con qué partida presupuestal el Estado colombiano costeará la asistencia legal de los 17 procesados en Miami.
El pedido del legislador se conoce después de que el presidente De la Espriella se refiriera en términos elogiosos a los exuniformados involucrados en el expediente. Esa declaración fue el detonante de la controversia política, porque vincula el discurso oficial con un proceso penal que se adelanta en jurisdicción extranjera y en el que Colombia figura como país de origen de varios de los acusados.
El caso Moïse sacudió la relación bilateral con Haití y con Estados Unidos, donde avanzan las investigaciones. Un grupo de ciudadanos colombianos fue capturado en escenas posteriores al asesinato del mandatario haitiano en su residencia de Puerto Príncipe. La justicia estadounidense ha centrado sus diligencias en determinar la participación de cada uno de los detenidos y el papel de los antiguos miembros de las fuerzas militares colombianas dentro de la operación.
La intervención del senador Ocampo introduce un debate sobre el alcance de la asistencia jurídica que puede brindar el Estado colombiano a ciudadanos que enfrentan juicios en el exterior. No existe una única respuesta institucional a esa pregunta, y por eso el congresista exige que el Gobierno entregue las bases legales y los rubros específicos con los que se pagará a los abogados que representen a los procesados. Esa información, según el legislador, debe entregarse al Congreso para el control político correspondiente.
El Gobierno Nacional no ha respondido de forma pública al requerimiento del senador, según el extracto de la fuente. El silencio oficial deja abierta la pregunta sobre si la defensa de los exmilitares se financiará con recursos de cooperación internacional, del sistema de defensa técnica del Ministerio de Defensa, o de otro rubro que aún no ha sido identificado. Cada una de esas rutas tiene implicaciones presupuestales distintas.
Para los ciudadanos, el caso tiene dos lecturas. La primera es de orden jurídico: si los procesados resultan absueltos, la discusión pública girará hacia la reparación y el esclarecimiento. La segunda es de carácter institucional: el uso de recursos públicos para defender a personas acusadas de un magnicidio en el extranjero abre un debate sobre los principios de la política exterior, la cooperación judicial y la defensa técnica en procesos penales internacionales.
La reacción del presidente De la Espriella al calificar a los exmilitares como “héroes” marca un giro en el discurso oficial frente al expediente. Esa declaración fue interpretada por la oposición como una toma de posición antes de que concluya el proceso judicial en Miami. Sectores críticos han señalado que esa clase de pronunciamientos compromete la posición del Estado ante los tribunales extranjeros y ante la comunidad internacional.
El expediente continúa su trámite en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se esperan nuevas audiencias en los próximos meses. En Colombia, el caso abrió investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la justicia ordinaria, por los posibles nexos entre los acusados y redes de exmilitares retirados que salieron del país tras el proceso de paz de 2016.
Queda pendiente la respuesta del Gobierno al senador Ocampo, así como la aclaración sobre la fuente de los recursos que se destinen a la defensa. El debate también deja abierta la discusión sobre los límites entre la defensa institucional de colombianos en el exterior y la responsabilidad penal individual en hechos graves como el magnicidio de un jefe de Estado.