El senador Andrés Forero denunció públicamente una presunta duplicación de la nómina en el hospital San Juan de Dios, cuya carga mensual ascendería a alrededor de $478 millones, a pesar de que el centro asistencial no estaría prestando servicios de manera regular. La denuncia se conoce en un momento en el que la red hospitalaria pública enfrenta cuestionamientos por su sostenibilidad financiera.
De acuerdo con el congresista, la situación revela un desbalance entre los recursos que se destinan al pago de personal y la capacidad operativa real del hospital. Forero sostuvo que el incremento en el costo de nómina se produjo en un escenario de cierre o paralización de servicios, lo que ha generado dudas sobre la justificación de esos gastos.
Las denuncias también incluyen contrataciones realizadas con posterioridad al cambio de gobierno, por montos superiores a $47 millones, según lo señalado por el senador. Este tipo de contratos ha sido uno de los puntos más sensibles en la discusión sobre el manejo de los recursos del sector salud, especialmente en entidades con historial de intervención o reorganización.
El San Juan de Dios es uno de los hospitales con mayor trayectoria en el país y ha pasado por distintos procesos de restructuración a lo largo de los años. Su recuperación operativa ha sido una demanda recurrente de trabajadores, usuarios y autoridades locales, que piden su incorporación plena a la red hospitalaria para descongestionar otros centros de atención.
La denuncia del senador Forero se suma a otros señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de nóminas en entidades públicas de salud. El uso de recursos para pago de personal sin una contraprestación efectiva de servicios suele ser considerado un indicador de alerta por los organismos de control.
Para los usuarios del sistema de salud, el impacto es directo: un hospital con recursos destinados a nóminas paralizadas deja de prestar servicios que la comunidad necesita. En ciudades con alta demanda hospitalaria, la inactividad del San Juan de Dios implica mayor presión sobre otras instituciones que deben absorber la demanda.
Las reacciones frente a la denuncia aún no se conocen de manera amplia. Se espera que las autoridades competentes, así como la dirección del hospital, se pronuncien sobre los contratos mencionados y la estructura de la nómina denunciada por el senador, en el marco de los principios de transparencia que rigen la gestión pública.
Queda pendiente la respuesta institucional y, en su caso, la apertura de investigaciones por parte de los organismos de control. El esclarecimiento de estos hechos resulta clave para definir el futuro operativo y financiero del San Juan de Dios y para restablecer la confianza en el manejo de los recursos del hospital.