El senador Enrique Gómez radicó una propuesta para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial. La iniciativa busca reforzar el funcionamiento de los juzgados ordinarios del país, según reportó El Tiempo.
El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el tema en su cuenta oficial de X con un mensaje directo: 'cúmplase'. La expresión, breve y contundente, fue interpretada como un respaldo público a la propuesta del legislador.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las Farc. Su misión es juzgar los peores crímenes del conflicto armado y reparar a las víctimas, por lo que cualquier recorte presupuestal genera debate sobre el cumplimiento de esos objetivos.
Por su parte, la Rama Judicial administra los juzgados y tribunales que conocen los demás procesos penales, civiles, laborales y de familia en Colombia. Ha enfrentado históricamente limitaciones de recursos que se traducen en congestión de despachos y demoras en los fallos.
La propuesta del senador Gómez pone en tensión dos necesidades del Estado: garantizar la operación de la justicia transicional y, al mismo tiempo, descongestionar la justicia ordinaria. Los $100.000 millones representan un monto significativo dentro de los presupuestos de ambas entidades.
El respaldo presidencial en redes sociales le da un impulso político a la iniciativa en el Congreso. Para hacerse efectiva, la propuesta deberá surtir el trámite legislativo correspondiente, que incluye debates en comisión y plenaria de la cámara respectiva.
El debate también se inscribe en una discusión más amplia sobre el costo y la duración de los mecanismos de justicia transicional en Colombia, frente a las demandas cotidianas de los ciudadanos por una justicia más ágil y accesible.
Organizaciones de víctimas y expertos en justicia transicional han advertido en distintas ocasiones que desfinanciar la JEP puede afectar el avance de los procesos y el cumplimiento de las reparaciones. El Congreso y el Gobierno deberán evaluar estos argumentos antes de definir el futuro de la propuesta.
Por ahora, la reacción del presidente en X marca el tono del debate. Resta esperar si la iniciativa avanza formalmente en el Legislativo y si el Ministerio de Hacienda se pronuncia sobre la viabilidad fiscal del traslado propuesto por el senador Gómez.