El senador Enrique Gómez presentó ante el Congreso un proyecto de ley dirigido a fijar en 2028 el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los delitos del conflicto armado colombiano. La propuesta, según el título del proyecto, no solo establece una fecha de terminación, sino que también busca cerrar la puerta a cualquier ampliación del periodo original de funciones.
La JEP nació como pieza central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en los diálogos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC. Su diseño constitucional y legal le otorgó un término de funciones de diez años, contados desde su puesta en marcha, con la posibilidad de que ese plazo fuera modificado por el legislador.
En los últimos años distintos sectores han planteado la necesidad de prorrogar ese periodo al menos por cinco años más, argumentando que el volumen de procesos y la complejidad de los casos hacen materialmente imposible concluirlos dentro del calendario original. Esa discusión se ha dado en el Congreso, en la academia y en organizaciones de víctimas, que piden tiempo adicional para garantizar las audiencias y las decisiones judiciales.
El proyecto radicado por Gómez se inscribe en la orilla opuesta de ese debate. Para sus defensores, la transicionalidad debe tener un límite claro y verificable, y la prórroga terminaría debilitando ese principio. Para sus críticos, en cambio, una salida abrupta en 2028 podría dejar sin decisión judicial miles de expedientes y afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia sobre los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las violaciones graves a los derechos humanos y el reclutamiento de menores, entre otros, cometidos por exintegrantes de las FARC, agentes del Estado y terceros en el marco del conflicto. A su cargo están también los llamados macrocasos, que investigan patrones de violencia como secuestros, reclutamiento forzado y violencia sexual.
De aprobarse la iniciativa tal como fue radicada, la JEP debería concluir todas sus funciones, incluidas las etapas de juznamiento, imposición de sanciones propias y ordinarias, y la entrega de resoluciones de acreditación de víctimas, antes de 2028. Quedaría igualmente prohibida cualquier norma posterior que intentara extender su mandato, lo que según el senador blindaría el carácter temporal del tribunal.
El trámite del proyecto ahora pasa a la Comisión Primera del Senado, donde se debatirá su conveniencia. Mientras tanto, la JEP continúa adelantando audiencias y dictando decisiones dentro del calendario actual, y el debate sobre su duración sigue abierto en el país entre quienes piden más tiempo y quienes reclaman un cierre firme del modelo transicional.
La decisión final sobre el futuro de la JEP no depende solo de esta iniciativa. Eventuales reformas constitucionales, sentencias de la Corte Constitucional y compromisos derivados de los acuerdos con otros grupos armados también podrían incidir en el calendario de cierre del tribunal, cuya suerte será tema obligado del próximo periodo legislativo.