Según la información publicada por Noticias RCN, una senadora del país manifestó su inquietud frente a un decreto expedido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD. La norma, de acuerdo con el reporte, habilitaría a comunidades indígenas para manejar recursos de esa entidad del Estado.
El extracto de la noticia indica que la iniciativa contempla la creación de una subcuenta indígena al interior del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, mecanismo financiero con el que la UNGRD atiende las emergencias y los procesos de recuperación en el territorio nacional. Con esa subcuenta, los recursos asociados a la atención de desastres en zonas con presencia de pueblos indígenas tendrían un manejo diferenciado.
La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado frente a emergencias como inundaciones, deslizamientos, sequías e incendios forestales. Administra, junto con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, los recursos públicos destinados a la prevención, la atención y la reconstrucción tras eventos naturales. Cualquier modificación en la estructura de ese fondo implica decisiones sobre cómo se asigna y ejecuta el dinero público.
La senadora que elevó la advertencia, cuya identidad no aparece en el extracto proporcionado, es la fuente que pone el debate sobre la mesa. Su argumento, según lo recogido por Noticias RCN, se centra en los riesgos que, a su juicio, traería permitir que comunidades indígenas administren de forma directa dineros del fondo nacional, una facultad que hasta ahora ha estado en cabeza de la UNGRD y de los organismos territoriales.
La figura de la subcuenta indígena es novedosa en la arquitectura de la gestión del riesgo en Colombia. En el pasado, la participación de los pueblos indígenas en la atención de emergencias se ha dado a través de consultas previas, protocolos comunitarios y mesas de coordinación con autoridades locales y departamentales, pero no mediante una cuenta presupuestal propia dentro de un fondo de carácter nacional.
Para las comunidades étnicas del país, el manejo directo de estos dineros puede traducirse en mayor autonomía frente a la respuesta de desastres que afectan sus territorios, muchos de ellos ubicados en zonas ambientalmente sensibles y recurrentemente golpeadas por eventos climáticos. También les permitiría ejecutar proyectos de mitigación y reconstrucción acordes con sus planes de vida y con su cosmovisión.
Desde el ángulo de la advertencia legislativa, el debate que se abre gira en torno a los controles, la fiscalización y la transparencia en el uso de recursos públicos administrados por organizaciones comunitarias, un asunto que ha estado en el centro de la discusión nacional luego de distintos escándalos por mal manejo de fondos destinados a la gestión del riesgo.
Hasta el momento, el reporte de Noticias RCN no precisa el número del decreto, la fecha de expedición ni la fase de implementación en la que se encuentra la subcuenta propuesta. Tampoco se detallan montos, criterios de asignación ni mecanismos de seguimiento que incluiría la nueva figura. Esos elementos serán clave para evaluar el alcance real de la medida.
Queda pendiente que el Ministerio del Interior, la UNGRD y las instancias de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría se pronuncien sobre el decreto y sobre los planteamientos de la senadora. La definición final sobre si la subcuenta indígena avanza tal como está concebida o se ajusta dependerá del debate en el Congreso y de la revisión técnica de los organismos competentes.