La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, anunció que presentará una demanda contra el decreto expedido por el presidente Abelardo de la Espriella orientado a legalizar el porte de armas en Colombia. La congresista aseguró que la iniciativa podría elevar los índices de violencia en el país y la calificó como “una medida sumamente peligrosa”, según reportó Infobae.
El anuncio coloca el decreto en el centro del debate político y jurídico desde el primer día de su expedición. Las demandas de inconstitucionalidad son un mecanismo habitual en Colombia para que la Corte Constitucional revise la compatibilidad de los actos del Ejecutivo con la Carta Política. La legisladora no detalló aún los cargos concretos que llevará ante el alto tribunal.
En Colombia, el porte de armas se rige por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y por normas complementarias expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las armas de fuego requieren, por regla general, un permiso otorgado por la autoridad competente, salvo las excepciones previstas para personal de la Fuerza Pública, empresas de seguridad privada y deportistas con licencia vigente.
El decreto del presidente De la Espriella se inscribe en una discusión de fondo sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. Sectores que defienden medidas como la del porte argumentan que los ciudadanos necesitan herramientas para defenderse ante el avance del crimen. Quienes la objetan, como la senadora Hernández, sostienen que una mayor circulación de armas legales termina por alimentar la violencia y poner en riesgo a la población civil.
La posición de la congresista llega respaldada por su bancada. El Pacto Histórico ha sido un partido crítico de varias de las políticas de seguridad del Gobierno, al considerar que la lucha contra la criminalidad debe centrarse en la fuerza pública, la inteligencia y la política social, y no en la ampliación del porte. Otros partidos y analistas también han expresado reservas sobre los efectos de medidas similares en otros contextos.
Para los ciudadanos, la discusión tiene implicaciones directas. El porte de armas en Colombia ha estado históricamente restringido, y su legalización modificaría las reglas con las que personas naturales y propietarios de establecimientos podrían armarse para defensa personal o seguridad patrimonial. Sectores como mujeres víctimas de violencia de género, comunidades rurales afectadas por el conflicto y organizaciones de derechos humanos suelen alertar sobre el impacto diferenciado de estas políticas.
La anunciada demanda abre una etapa de revisión institucional. Si la acción prospera, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre los alcances del decreto y los límites del Ejecutivo para modificar el régimen de armas. Mientras tanto, el texto mantiene su vigencia hasta que el alto tribunal adopte una decisión de fondo. El Gobierno, por su parte, deberá defender ante la opinión pública y ante la justicia la proporcionalidad y necesidad de la medida.
Quedan por delante varios escenarios. La propia bancada del Gobierno deberá precisar los argumentos jurídicos de la demanda, mientras el Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrían expedir directrices operativas sobre cómo se aplicará el decreto en el corto plazo. El debate promete escalar en el Congreso y en los medios, con sectores a favor y en contra midiendo su capacidad de incidencia sobre la Corte.