La senadora María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, manifestó su rechazo a los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, conocidos como Bodsu, presentados como parte de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. La congresista expuso sus reparos en declaraciones recogidas por Infobae.
Según la fuente, Pizarro comparó los Bodsu con las Convivir, los grupos privados de seguridad que operaron en Colombia en la década de los noventa. Esa comparación ha sido utilizada en repetidas ocasiones por críticos de esquemas de seguridad con participación de civiles armados o con coordinación directa con la fuerza pública.
La legisladora también dirigió críticas al alcalde Galán por respaldar la estrategia. De acuerdo con Infobae, Pizarro cuestionó que la administración distrital se sume a un esquema que, a su juicio, replica modelos cuestionados del pasado reciente del país.
Las Convivir fueron creadas mediante un decreto del gobierno de Ernesto Samper en 1994 y luego reformuladas bajo la administración de Andrés Pastrana. Funcionaban como servicios especiales de vigilancia y seguridad privada con autorización del Estado, y fueron desactivadas en buena parte tras la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles varias de sus normas en 1997.
El esquema Bodsu, según lo descrito en el extracto de Infobae, se plantea como una instancia de defensa para entornos urbanos. La estrategia fue presentada en el marco de la política de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo énfasis ha estado en el combate a estructuras criminales que operan en ciudades.
El debate sobre la participación de civiles o de organizaciones comunitarias en tareas de seguridad no es nuevo en Colombia. En las últimas décadas se han discutido fórmulas como las redes de informantes, los frentes de seguridad ciudadana y los programas de recompensas, cada uno con distintos balances en materia de resultados y de riesgos para los derechos humanos.
La comparación de Pizarro busca alertar sobre lo que considera riesgos de privatización o de militarización de la seguridad urbana. Sectores cercanos al gobierno han defendido, en otras ocasiones, que estos esquemas son herramientas necesarias ante la presencia de bandas criminales y estructuras organizadas en los centros urbanos.
Para los habitantes de las ciudades afectadas por la inseguridad, el anuncio de una nueva estrategia genera expectativa sobre sus resultados concretos, como la reducción de homicides, extorsiones y hurtos, que son los delitos que más impactan la vida cotidiana en las zonas urbanas.
Queda por conocer el contenido detallado del decreto o acto administrativo que crea los Bodsu, su articulación con la Policía y la Fiscalía, y los mecanismos de control que se establezcan para evitar los señalamientos que ha hecho la senadora Pizarro. El alcance final del programa dependerá de cómo se implemente en las principales ciudades del país.
La fuente de esta información es Infobae, medio que publicó las declaraciones de la congresista. El Observatorio registra la controversia como un hecho periodístico, sin emitir valoración sobre el contenido de la estrategia ni sobre la postura de la senadora.