El cruce comenzó con la difusión de videos atribuidos a diligencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los que aparece el excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. En esas grabaciones, Londoño asegura que las personas que estuvieron en poder de esa guerrilla no fueron sometidas a torturas, según lo que resume la senadora María Posada al compartir el material.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016. Su función es juzgar las conductas más graves cometidas por exintegrantes de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y terceros, siempre que contribuyan a la verdad, la reparación y la no repetición.
Posada, senadora del partido gobernante, ha sido una de las voces más críticas frente a lo que considera incumplimientos o zonas grises del proceso de paz. Su interés en las versiones de la JEP se inscribe en esa línea de seguimiento, y la difusión de los videos apunta a poner en cuestión el contenido de lo declarado por antiguos jefes de las Farc.
La respuesta de Londoño no tardó. El exlíder guerrillero rechazó que se le atribuyan afirmaciones fuera de contexto y sostuvo que sus declaraciones ante la JEP han sido siempre de reconocimiento de responsabilidad. La discusión reaviva una tensión central del proceso: la distancia entre lo que se afirma en las versiones voluntarias y lo que otras voces, como las de víctimas, han denunciado durante años.
Organismos de derechos humanos y collectifs de víctimas han documentado testimonios de personas que estuvieron secuestradas por las Farc y que relatan condiciones de cautiverio que incluyen restricciones a la circulación, golpes, amenazas y simulación de fusilamientos, entre otros. Esas denuncias hacen parte de los expedientes que la JEP ha venido evaluando dentro de los casos abiertos a la antigua guerrilla.
La difusión de grabaciones de audiencias reservadas reabre, además, el debate sobre los límites del principio de publicidad en la JEP. El sistema de paz colombiano contempla que ciertas sesiones puedan mantenerse bajo reserva para proteger a las víctimas y a los comparecientes, lo que hace sensible el manejo de estos materiales por fuera de los canales oficiales.
Para la opinión pública, el cruce deja sobre la mesa una pregunta que sigue sin resolverse de forma definitiva: qué se dijo exactamente en las versiones de la JEP y qué lugar ocupan esas palabras en la construcción de la verdad del conflicto. La entidad aún debe pronunciarse sobre si los videos corresponden a piezas oficiales o a fragmentos filtrados, y sobre las eventuales consecuencias de esa filtración.
Lo que sigue en el corto plazo es la reacción de la JEP, que podría abrir un procedimiento interno por la circulación de material reservado. También se esperan nuevas declaraciones de la bancada que apoya a Posada y de voces del partido Comunes, successor político de las Farc, en medio de un año en el que el proceso de paz sigue bajo observación política y ciudadana.