La senadora Paloma Valencia pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la muerte del coronel Óscar Dávila. La solicitud se conoce después del testimonio de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, ante las recientes versiones que apuntan a un posible intento de silenciar al oficial. Según la legisladora, los nuevos elementos conocidos hacen necesario que el ente acusador esclarezca lo ocurrido.
El caso tomó fuerza pública tras las declaraciones de Rodríguez, quien afirmó haber recibido advertencias al momento de asumir su cargo en la Presidencia de la República. Aunque no se conocen detalles de las presiones denunciadas, la funcionaria aseguró que existían motivos para preocuparse por lo que pudiera pasar con el coronel Dávila. Su relato fue interpretado como una señal de alerta sobre el manejo interno de la Casa de Nariño.
Paloma Valencia calificó la situación como grave y sostuvo que las autoridades deben actuar con rapidez. En su concepto, las palabras de la directora del Fondo Adaptación sugieren que la muerte del uniformado no fue un hecho aislado y que estaría vinculada a hechos de conocimiento al interior del Gobierno. La congresista pidió que se convoque a Rodríguez a declarar formalmente dentro del proceso.
La muerte del coronel Óscar Dávila ya había generado atención en sectores políticos y de defensa. Organizaciones de retirados y miembros de la fuerza pública habían reclamado claridad sobre las circunstancias en las que perdió la vida. La aparición de nuevos testimonios eleva la presión sobre las entidades de control para que produzcan resultados concretos en lugar de archivar el expediente.
El Fondo Adaptación es la entidad estatal encargada de manejar los recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales y emergencias. Su dirección ha sido ocupada por distintas figuras del orden nacional, y las declaraciones de su actual titular vinculan el conocimiento que tuvo sobre la situación del coronel con el funcionamiento de la entidad. Esa conexión explica por qué el caso pasó del ámbito militar al debate político.
Para la ciudadanía, el expediente tiene una lectura doble. Por un lado, existe el interés legítimo de cualquier sociedad en que se investigue la muerte de un miembro de la fuerza pública cuando surgen sospechas. Por el otro, la discusión pone sobre la mesa el papel de las advertencias internas y si fueron desatendidas por quienes tenían la obligación de proteger la integridad del oficial.
En el Congreso, la petición de Valencia abre un nuevo capítulo en la relación entre la oposición y el Gobierno nacional. Sectores cercanos al Ejecutivo defendieron la transparencia de las actuaciones y pidieron no precipitar juicios. Otros legisladores pidieron que la Comisión Segunda o la Comisión de Defensa acompañen el seguimiento del caso para garantizar el acceso a la información.
Desde la óptica institucional, la pelota está ahora en la Fiscalía. El organismo deberá decidir si abre noticia criminal, llama a versión libre a los mencionados y ordena el traslado del expediente del cuerpo técnico de investigación. También podrá solicitar copia de las grabaciones o comunicaciones a las que hizo referencia la directora del Fondo Adaptación en sus declaraciones públicas.
Quedan varias preguntas abiertas. No se ha establecido de manera oficial una conexión directa entre las advertencias recibidas por Rodríguez y la muerte del coronel. Tampoco se conoce si hubo medidas de protección o investigaciones previas dentro de la fuerza pública. La respuesta a esos interrogantes dependerá de la agilidad con la que la Fiscalía tramite la solicitud de la senadora y de la colaboración de los organismos de inteligencia del Estado.