El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que las personas dedicadas al robo de hidrocarburos en Colombia serán tratadas como terroristas. La declaración fue recogida por el portal CAMBIO bajo el encabezado «Serán tratados como terroristas».
El pronunciamiento se produce en un contexto de preocupación recurrente por el hurto de combustibles, una actividad que en Colombia ha incluido la perforación ilegal de poliductos, la sustracción de crudo en zonas de producción y el control de redes criminales sobre tramos de infraestructura energética.
La figura del terrorismo en el ordenamiento colombiano tiene consecuencias penales específicas, distintas a las de otros delitos contra el patrimonio o la infraestructura. Equiparar una conducta al terrorismo implica, en principio, la activación de tipos penales con penas más altas y herramientas investigativas reforzadas.
En las últimas décadas, distintos gobiernos han buscado fórmulas para frenar el robo de combustibles, que afecta las finanzas de empresas operadoras, la estabilidad de la infraestructura y, según denuncias de comunidades, pone en riesgo a poblaciones vecinas por fugas, incendios y explosiones.
La advertencia del presidente sitúa el tema en el plano de la seguridad nacional y no solo en el de la criminalidad común. Al enmarcarlo en el lenguaje del terrorismo, el Gobierno abre la puerta a que las respuestas institucionales se articulen con las fuerzas de seguridad y la Fiscalía bajo ese encuadre legal.
Organizaciones del sector energético han señalado en el pasado que las redes de hurto suelen estar vinculadas a grupos armados ilegales que usan los hidrocarburos como fuente de financiación y como mecanismo de presión sobre territorios. Esa conexión es uno de los argumentos que sostienen quienes piden un tratamiento penal más severo.
La declaración de De La Espriella todavía no se ha traducido, según la información disponible, en un cambio normativo específico ni en un decreto firmado. Por ahora se trata de un anuncio político que fija el tono de la lucha contra el robo de combustibles y que ordena, al menos en el papel, la forma de abordar a los responsables.
Queda por ver cómo se concreta la advertencia en operativos, capturas y procesos judiciales, y si las Fuerzas Militares y la Fiscalía adoptan protocolos alineados con el lenguaje antiterrorista para enfrentar a las redes dedicadas a esta práctica.