Armando Novoa, jefe negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se pronunció sobre el futuro de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde permanecen los combatientes de esa organización. Señaló que acabar con ese espacio sería un error y que las personas concentradas allí no deberían regresar a la violencia.
El jefe negociador expresó su expectativa de entablar conversaciones directas con la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Según declaró, ese diálogo resulta necesario para definir la ruta del proceso y atender las preocupaciones sobre la permanencia y las condiciones de los combatientes ubicados en la ZUT.
La Zona de Ubicación Temporal es el mecanismo previsto en los acuerdos entre el gobierno colombiano y estructuras armadas para concentrar a los combatientes mientras avanzan los compromisos de desmovilización, entrega de armas y transición a la vida civil. Su continuidad depende de decisiones políticas del Ejecutivo y de la verificación por parte de los organismos de control.
Novoa también lanzó una alerta sobre lo que calificó como intentos de las estructuras de Calarcá de afectar el proceso de diálogo. Señaló que esas presiones externas representan un riesgo para la estabilidad de las conversaciones y para los combatientes que permanecen en la ZUT a la espera de una definición sobre su situación.
La CNEB es una de las organizaciones armadas que ha participado en acercamientos con el Estado colombiano en busca de un acuerdo que permita la dejación de armas y la reincorporación de sus miembros. El rol del jefe negociador es representar los intereses de esa organización en la mesa y mantener comunicación con el gobierno nacional.
La solicitud de diálogo a la administración de De la Espriella llega en un momento en que el nuevo gobierno debe definir la postura oficial frente a los procesos de paz heredados y a las estructuras que permanecen activas en distintos territorios del país. Esa definición incluye la continuidad, modificación o finalización de mecanismos como la ZUT.
Para la ciudadanía, el desenlace de estas conversaciones tiene implicaciones directas en la seguridad de las regiones donde hacen presencia estas estructuras y en la situación de los combatientes que dependen de los acuerdos para su transición a la vida legal. También afecta a las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado en esas zonas.
Queda pendiente la respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella a la solicitud de diálogo y la posición oficial frente a las alertas sobre las estructuras de Calarcá. El proceso dependerá de cómo se articulen las conversaciones entre el Ejecutivo y los voceros de la CNEB en las próximas semanas.