En una intervención ante su equipo de empalme, el presidente electo Abelardo de la Espriella sostuvo que "aquí vamos a pagar todos el servicio militar", según registró Noticias RCN. La frase, breve y directa, fue pronunciada ante colaboradores cercanos al proceso de transición, en un momento en el que el nuevo Gobierno empieza a delinear sus líneas de trabajo en materia de seguridad y defensa.
El servicio militar en Colombia es una institución vigente desde mediados del siglo XX y se rige por la Ley 1861 de 2017, que regula el reclutamiento, la objeción de conciencia y los beneficios para quienes prestan el servicio en las Fuerzas Militares. La norma prevé la obligatoriedad para los varones colombianos, aunque en la práctica las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria.
En las últimas décadas, la figura ha atravesado recurrentes picos de tensión cuando las Fuerzas Militares necesitan completar los contingentes anuales. Brotes de reclutamiento irregular, la persistencia de grupos armados ilegales y los casos conocidos de "falsos positivos" han alimentado un debate nacional sobre el carácter obligatorio del servicio y sobre los controles al interior de la tropa.
La afirmación del presidente electo se conoce en un contexto en el que la política de defensa del próximo Gobierno aún no se ha presentado de manera formal. Hasta ahora, las declaraciones públicas del nuevomandatario y de su equipo de empalme se han limitado a trazar prioridades generales, como el fortalecimiento de la fuerza pública y la protección de la población civil en zonas de conflicto.
Para los jóvenes en edad de incorporación, el anuncio anticipa un escenario posible: la permanencia o incluso la ampliación del carácter obligatorio del servicio militar. Sectores como el estudiantil, el sindical y organizaciones de derechos humanos suelen reaccionar frente a este tipo de propuestas exigiendo garantías de transparencia y mecanismos efectivos de objeción de conciencia.
Desde la mirada institucional, el servicio militar es también una herramienta de las Fuerzas Militares para nutrir sus filas. Un repunte en la incorporación obligatoria, según analistas del sector defensa, permitiría ampliar la presencia en regiones donde el Estado tiene dificultades para garantizar la seguridad. El costo fiscal de esa ampliación, sin embargo, depende de decisiones presupuestales que aún no han sido detalladas.
La frase de De La Espriella ya circula en medios de comunicación y redes sociales, donde ha sido interpretada por seguidores y críticos del nuevo gobierno de manera opuesta. Quienes respaldan la propuesta la leen como un paso hacia una mayor corresponsabilidad ciudadana en la defensa; quienes la cuestionan piden que se aclaren los alcances del anuncio y su posible traducción en un proyecto normativo.
Por ahora, el equipo de empalme del presidente electo no ha publicado un documento oficial con los lineamientos detallados de una eventual reforma al servicio militar. Queda pendiente si la declaración se concreta en un proyecto de ley, en un decreto o si se enmarca dentro de una política más amplia de seguridad que será presentada tras la posesión.