Según una publicación de Ciudad Región, el presidente electo Abelardo de la Espriella no estaría habilitado para imponer, mediante un decreto, el servicio militar obligatorio de carácter universal. La razón es que existe una ley previa que define las condiciones bajo las cuales los ciudadanos deben prestar el servicio y, sobre todo, las excepciones aplicables.
En Colombia, la prestación del servicio militar está regulada por la Ley 1861 de 2017, que reemplazó la antigua Ley 48 de 1993. Esa normativa establece que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar al cumplir la mayoría de edad, pero fija un conjunto de excepciones que han permitido, en la práctica, que amplios sectores de la población queden por fuera del reclutamiento.
Entre las excepciones más conocidas figuran los estudiantes de educación superior, los padres de familia, los hombres que superan cierta edad de reclutamiento y quienes acrediten condiciones físicas o psicológicas que les impidan prestar el servicio. También existen causales de exoneración por motivos religiosos, de conciencia o de objeción, contempladas en la misma ley.
El reporte de Ciudad Región subraya que, para modificar ese esquema y volver obligatorio el servicio para todos, el presidente electo necesitaría impulsar un cambio legal en el Congreso. Un decreto presidencial no bastaría, porque la materia está reservada a la ley, conforme a la Constitución y al principio de legalidad que rige la materia militar.
El contexto es relevante: en los últimos años, las Fuerzas Militares han reportado déficits de personal, en parte por la baja proporción de jóvenes que se presentan como voluntarios. Esa brecha ha llevado a distintos sectores a proponer la obligatoriedad plena como una fórmula para fortalecer la capacidad operativa y, a la vez, distribuir de forma más equitativa la carga del servicio.
Sin embargo, la obligatoriedad plena también ha sido criticada. Organizaciones de derechos humanos y voceros académicos han señalado que extender el servicio sin distinciones podría afectar principalmente a jóvenes de estratos bajos, que históricamente concentran el grueso de quienes son reclutados. Para esos sectores, la discusión debe pasar antes por una reforma profunda de la doctrina militar y del papel de la fuerza pública.
De acuerdo con Ciudad Región, el llamado de atención es claro: cualquier intento de decretar la universalidad del servicio militar chocaría con la ley vigente. El camino posible sería radicar un proyecto de ley que derogue o modifique los artículos que regulan las excepciones, lo que abriría un debate amplio en el Legislativo, con la participación de fuerzas políticas, militares y sociales.
Por ahora, no se conoce una propuesta formal del gobierno electo en ese sentido. Lo que queda sobre la mesa es un antecedente normativo que condiciona la decisión y que obliga a cualquier reforma a pasar por el Congreso. La forma en que se adelante esa discusión marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo entrante y las Fuerzas Militares en el arranque del nuevo mandato.