En un acto reciente, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo que en su gobierno "todos deberán pagar el servicio militar" y lanzó un llamado a los jóvenes a "ponerse las botas". La frase fue recogida por Impacto News y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde abrió un nuevo capítulo del debate sobre la prestación del servicio militar en el país.
El anuncio llega en medio de una conversación nacional que atraviesa a varias administraciones. En Colombia, la Ley 1861 de 2017 y normas anteriores han regulado el servicio militar como una obligación para los hombres, con la posibilidad de prestar el servicio social obligatorio como alternativa para quienes invocan la objeción de conciencia. Hasta ahora, la ley establece que el servicio es obligatorio para todos los colombianos varones, aunque en la práctica miles de jóvenes han obtenido la exoneración por distintas causales.
Para entender la dimensión del anuncio, conviene recordar que en las últimas décadas la discusión sobre el servicio militar ha oscilado entre dos posiciones. Por un lado, quienes defienden la obligatoriedad argumentan que refuerza la disciplina, el sentido de pertenencia y la reserva estratégica de las Fuerzas Armadas. Por el otro, sectores sociales y de derechos humanos han cuestionado la obligatoriedad por los riesgos asociados a la vida militar, las diferencias socioeconómicas que marcan el acceso y los reportes de violaciones a los derechos humanos al interior de los batallones.
El pronunciamiento de De la Espriella se inscribe en una línea discursiva que vincula seguridad, cohesión social y firmeza institucional. Para sus defensores, hablar de un servicio universal es una manera de recuperar el vínculo entre la ciudadanía y la defensa nacional. Para sus críticos, la propuesta podría chocar con la legislación vigente y con sentencias de la Corte Constitucional que han precisado los límites del deber de prestación personal, en especial frente a la objeción de conciencia.
La juventud colombiana es el sector directamente aludido por el llamado a "ponerse las botas". A ellos se dirige la oferta y también la exigencia. En Colombia, cerca de medio millón de jóvenes cumplen cada año con el proceso de definición de su situación militar, un trámite que en muchas zonas del país se percibe como una carga económica y logística, sobre todo para familias de bajos ingresos que no logran acceder a excepciones como la bachillerato completo o el sorteo favorable.
En el plano institucional, un eventual regreso pleno de la obligatoriedad sin excepciones requeriría ajustes normativos y reglamentarios. El Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares serían los encargados de ejecutar las nuevas directrices, mientras que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrían la tarea de vigilar que los derechos de los reclutados se mantengan dentro del marco constitucional. Hasta ahora, el presidente electo no ha detallado el mecanismo legal mediante el cual piensa hacer efectiva su declaración.
Las reacciones en redes y en distintos sectores políticos no se hicieron esperar. Colectivos de jóvenes, organizaciones de derechos humanos y voces de la oposición han pedido claridad sobre los alcances de la medida. En contraste, sectores ligados a la fuerza pública y a partidos que respaldaron la campaña de De la Espriella han celebrado el anuncio como un paso para fortalecer la defensa nacional. La polarización muestra que la propuesta llega al Congreso y a la opinión pública como un tema de alta sensibilidad.
Lo que queda por verse es si la declaración se traducirá en un proyecto de ley, en un decreto o en una directriz presidencial. También está por definirse cómo se articulará con la jurisprudencia existente sobre objeción de conciencia y con los programas de servicio social alternativo. Por ahora, el llamado de Abelardo de la Espriella dejó instalada una pregunta central en el debate público colombiano: ¿qué tan viable y deseable es un servicio militar universal en el contexto actual del país?