La Fiscalía General de la Nación reactivó siete órdenes de captura contra exintegrantes del Comuneros del Sur, una decisión tomada después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la suspensión de los diálogos con esa organización, según informó Infobae.
Entre las personas requeridas por la justicia colombiana se encuentran Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido con el alias de Chuki, y Gabriel Yepes Mejía, identificado como HH, de acuerdo con el extracto de la fuente.
La medida incluye a un séptimo exmiembro del grupo que es pedido en extradición por Estados Unidos, un componente que añade una dimensión internacional al proceso judicial que se reabre en Colombia.
El Comuneros del Sur es una guerrilla que operó históricamente en el departamento del Putumayo y que en distintos momentos del conflicto armado colombiano sostuvo acercamientos con el Estado. Las conversaciones de paz que ahora se suspenden hacen parte de los intentos más recientes por buscar una salida negociada al conflicto con esa estructura.
La suspensión de los diálogos por parte del presidente de la Espriella marca un cambio de rumbo frente a la política de negociación que se venía adelantando con ese grupo armado, y la reacción de la Fiscalía con la reactivación de las capturas se produjo como consecuencia directa de esa decisión.
Para los ciudadanos del Putumayo y de las zonas donde esta guerrilla ha tenido presencia, la reactivación de las órdenes de captura implica el regreso de la presión judicial sobre los exintegrantes del grupo, lo que puede traducirse en operativos de las autoridades en esas regiones.
El componente de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos abre un frente adicional para uno de los siete exmiembros, pues las autoridades colombianas deberán now articular su procedimiento con los requerimientos de la justicia estadounidense.
Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han seguido de cerca los procesos de paz con grupos armados menores, y la suspensión de los diálogos suele reactivar el debate sobre si la vía militar o la vía negociada es la más efectiva para reducir la violencia en los territorios afectados.
Queda por verse si la suspensión de los diálogos es temporal o definitiva, y si la Fiscalía planea nuevas acciones judiciales más allá de las siete órdenes reactivadas. Mientras tanto, los exintegrantes del Comuneros del Sur que figuran en la lista quedan nuevamente expuestos a la acción de las autoridades colombianas.
