El presidente Abelardo De La Espriella firmó dos resoluciones que ponen fin a los procesos de diálogo que se venían adelantando con el Comuneros del Sur y con bandas que operan en Medellín, en el marco de la política de paz total. La medida implica el cierre formal de ambas mesas de conversación, según lo dispuesto en los actos administrativos firmados por el jefe de Estado.
La política de paz total fue la estrategia de negociación que el gobierno anterior puso en marcha con el propósito de avanzar en diálogos simultáneos con grupos armados y organizaciones criminales, bajo el argumento de reducir la violencia en los territorios. Su aplicación abarcó distintos procesos, entre ellos los adelantados con el Comuneros del Sur, una estructura surgida en el sur del país, y con bandas de la ciudad de Medellín, donde la violencia urbana ha sido una preocupación recurrente para las autoridades locales.
Con la llegada del gobierno de De La Espriella se inició un proceso de revisión de las mesas y acuerdos suscritos bajo la paz total. Varios voceros del Ejecutivo habían señalado que la estrategia, tal como estaba concebida, no había cumplido los objetivos planteados en materia de seguridad y sometimiento a la justicia. La firma de estas dos resoluciones se inscribe en esa línea de desmonte gradual que el nuevo gobierno ha venido aplicando a distintos procesos.
El cierre de los diálogos implica que las estructuras concernées dejan de contar con un escenario de negociación formal con el Estado colombiano. En la práctica, esto significa que cualquier acercamiento futuro deberá enmarcarse en una ruta distinta a la de la paz total, bajo condiciones que definan las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia.
La decisión afecta la dinámica de seguridad en las zonas donde estas estructuras tienen influencia. El Comuneros del Sur tiene presencia en departamentos del sur del país, donde comunidades campesinas y organizaciones sociales han estado expuestas al reclutamiento, las restricciones a la movilidad y los enfrentamientos con la Fuerza Pública. En Medellín, las bandas han sido señaladas como responsables de buena parte de los hechos de violencia que golpean a los barrios más vulnerables de la ciudad.
Según el reporte, las resoluciones firmadas por el presidente dan por terminados los diálogos de manera oficial. Las autoridades no precisaron, en este momento, cuál será la ruta que seguirá el Estado frente a los integrantes y las zonas donde operan estas estructuras. Queda por definir si se optará por el sometimiento a la justicia ordinaria, la aplicación de la ley vigente o la apertura de nuevos espacios de conversación bajo otros parámetros.
Organizaciones de derechos humanos y sectores que han abogado por salidas negociadas al conflicto han expresado en distintas ocasiones su preocupación por el cierre de mesas, al considerar que la salida armada no resuelve de fondo las causas de la violencia. El gobierno, por su parte, ha reiterado que la prioridad en materia de seguridad es garantizar la protección de los ciudadanos y que las decisiones se toman con base en los resultados obtenidos en cada proceso.
Para los ciudadanos, el cierre de los diálogos tiene implicaciones en el corto plazo. En los territorios donde operan estas estructuras, las comunidades pueden verse expuestas a nuevos ciclos de violencia ante la ausencia de un canal formal de comunicación. Las autoridades locales y la Fuerza Pública serán las encargadas de mantener la presencia institucional y atender las alertas que se generen tras la terminación de las mesas.
La firma de las dos resoluciones es el paso más reciente en el desmonte de la paz total. Otras mesas ya habían sido cerradas o suspendidas desde el inicio de la actual administración. El mensaje del gobierno es que la política exterior de negociación llega a su fin y que cada proceso será evaluado de manera particular, con criterios de resultados verificables y de sometimiento efectivo a la justicia.