Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, habló públicamente sobre el primer bombardeo ejecutado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, una operación militar que según el reporte de la fuente afectó viviendas en zonas rurales de los municipios de Tibú y San Calixto, en el departamento de Norte de Santander. La operación, identificada como Operación Beta, marca el inicio de una nueva fase de acciones militares contra esa guerrilla en esa región del país.
En su pronunciamiento, la comandante guerrillera transmitió un mensaje en el que sostuvo que la estrategia del grupo armado no se modifica. La frase “el plan es el mismo”, citada por el medio, se convirtió en la señal política de su respuesta. Con esa declaración, el ELN busca mostrar continuidad en su accionar pese al golpe militar, y al mismo tiempo envía un mensaje a sus estructuras y a la población de la zona donde opera.
La cabeza del Frente de Guerra Nororiental es uno de los objetivos más buscados por las autoridades colombianas. De acuerdo con lo reportado por Infobae, sobre Silvana Guerrero pesa una recompensa que supera los 1.600 millones de pesos, una cifra que refleja el nivel de prioridad que el Estado asigna a su captura. Su figura se ha vinculado históricamente a operaciones de secuestro, extorsión y control territorial en el Catatumbo y zonas fronterizas con Venezuela.
El Catatumbo es una de las regiones donde el ELN ha mantenido presencia histórica, disputada con otros grupos armados y con un historial reciente de violencia contra poblaciones civiles, desplazamientos forzados y confinamientos. Tibú y San Calixto forman parte del cordón de municipios donde la guerrilla opera con campamentos y redes de apoyo, y donde la población civil ha padecido los efectos del conflicto de manera recurrente durante las últimas décadas.
La revelación de que varias viviendas habrían sido afectadas durante la Operación Beta abre un frente adicional al debate sobre el_balance humanitario de las acciones militares. En Colombia, los bombardeos contra campamentos guerrilleros han generado controversias cuando se reportan daños a propiedades de civiles o cuando las comunidades afectadas sostienen que no había objetivos militares en la zona. Las reacciones de las comunidades de Tibú y San Calixto, así como de organismos de verificación, serán determinantes para evaluar el alcance real de lo ocurrido.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella asumió el poder con un discurso de mano firme frente a los grupos armados y de recuperación del control territorial. La Operación Beta, ejecutada en las primeras semanas de gestión, se presenta como la demostración operativa de esa línea. Sin embargo, la respuesta del ELN divulgada por su comandancia indica que la organización no se replantea su estrategia y, por el contrario, presenta el ataque como un hecho más dentro de su plan de guerra.
En términos de política de seguridad, la situación plantea varios interrogantes abiertos. Está por verse si el Gobierno mantiene la presión militar sobre el Frente de Guerra Nororiental, si habrá una escalada de hechos violentos en el Catatumbo o si se abren canales formales de diálogo o presión simultáneos. La recompensa de más de 1.600 millones de pesos por información que permita ubicar a Silvana Guerrero sigue activa, según lo informado, lo que evidencia que las autoridades apuntan a la desarticulación de su comando como uno de los objetivos centrales.
En clave regional, lo ocurrido en Tibú y San Calixto reitera el peso del Catatumbo en la agenda de seguridad del país. La combinación de cultivos de uso ilícito, contrabando, presencia de múltiples grupos armados y cercanía con la frontera venezolana convierte a esta zona en una de las más complejas para la Fuerza Pública. El primer bombardeo del nuevo gobierno se produjo allí, y fue respondido desde allí por el propio mando del ELN, lo que confirma que el territorio, más que un punto en el mapa, es el centro de la disputa.