El Ministerio del Interior puso en circulación un borrador de decreto compuesto por 24 artículos que busca regular el ejercicio de la protesta social en Colombia. La propuesta redefine los protocolos de actuación de las autoridades frente a las manifestaciones, según informó NTN24. El documento fue presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El texto parte de un principio explícito: cero tolerancia frente al vandalismo. A partir de ese eje, el borrador establece criterios para diferenciar las expresiones ciudadanas pacíficas de los actos violentos que puedan surgir durante las movilizaciones. La fuente precisa que la iniciativa contempla la intervención directa de la fuerza pública cuando se registren hechos de esa naturaleza.
En Colombia, el derecho a la protesta está reconocido por la Constitución y desarrollado por la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y por múltiples sentencias de la Corte Constitucional. Cualquier norma que regule este derecho debe respetar los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y reunión pacífica, en especial los principios de necesidad, proporcionalidad y no criminalización de la protesta social.
La publicación del borrador abre una fase de discusión pública antes de su expedición definitiva. Durante ese periodo, organizaciones sociales, académicos, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general pueden presentar observaciones al texto. El Ministerio del Interior deberá evaluar los comentarios y ajustar el articulado si lo considera pertinente.
Sectores vinculados a la defensa de derechos humanos suelen alertar sobre el riesgo de que nuevas regulaciones terminen restringiendo el legítimo ejercicio de la manifestación. En el otro extremo, gremios económicos y autoridades locales han pedido reglas más claras para proteger la infraestructura pública y privada durante los bloqueos y disturbios. El borrador se inscribe en ese debate.
El contenido específico de los protocolos de intervención no se detalla en el extracto disponible. La fuente tampoco precisa si el decreto contempla modificaciones a los topes de uso de la fuerza, cambios en los tiempos de respuesta policial o nuevos mecanismos de diálogo con los organizadores de las marchas.
La entrada en vigencia del decreto dependerá del trámite final en el Ministerio del Interior y de su posterior sanción. Mientras se surtan esos pasos, las movilizaciones ciudadanas seguirán rigiéndose por el marco normativo actual. El Gobierno ha insistido en que el objetivo es proteger tanto el derecho a protestar como los bienes y la seguridad de la mayoría.
Queda pendiente el seguimiento a las observaciones que lleguen al Ministerio, la posición de los organismos de control y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, si el texto es demandado. La discusión apenas comienza y el borrador marca la línea base sobre la cual se construirán los próximos acuerdos y discrepancias.