El Sindicato Colombiano de Periodistas, conocido como Síncope, reaccionó de forma pública frente a lo que considera un intento de restringir la información oficial sobre el terremoto que sacudió al país. En su comunicado, la organización tildó la medida como el “primer acto de censura” del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Síncope recordó que la Constitución y la ley colombiana establecen el principio de máxima publicidad de la información pública. Según el sindicato, no existe disposición legal que justifique mantener bajo reserva los datos sobre afectaciones humanas, materiales y cifras derivadas de una tragedia de esa magnitud.
La queja del gremio periodístico apunta directamente a la administración de De la Espriella, en lo que sería uno de los primeros episodios de tensión entre el Ejecutivo y la prensa desde el inicio del nuevo periodo de gobierno. Hasta ahora, el gobierno no había sido cuestionado de manera tan frontal por un sector de la comunicación.
El terremoto, que golpeó a varias regiones del país, ha generado una amplia cobertura mediática y una alta demanda de información veraz y oportuna por parte de la ciudadanía. En ese contexto, la decisión de restringir el acceso a datos oficiales limita la posibilidad de los medios de informar con rigor y de la sociedad de conocer el alcance real del desastre.
Para los periodistas, el acceso a la información pública no es un favor de las entidades del Estado, sino un derecho protegido por el ordenamiento jurídico. El sindicato recordó que las cifras de víctimas, damnificados, infraestructura afectada y respuesta institucional deben estar a disposición de la prensa y la opinión pública.
La organización gremial pidió al gobierno de De la Espriella reconsiderar la medida y abrir completamente los canales de información. También solicitó a los organismos de control y a la sociedad civil vigilar que no se repitan episodios que, a su juicio, comprometan la transparencia en la atención de la emergencia.
El episodio deja planteado un debate sobre los límites entre la seguridad de la información en medio de una emergencia y el derecho ciudadano a estar informado. En anteriores desastres naturales en Colombia, distintos gobiernos han enfrentado cuestionamientos similares cuando han limitado el flujo de datos oficiales.
Por ahora, la administración de De la Espriella no ha emitido una respuesta pública detallada sobre las razones específicas de la restricción. Queda por verse si el gobierno abrirá los datos solicitados por el sindicato y bajo qué condiciones se articulará la comunicación oficial durante el resto de la atención de la emergencia.
La reacción de Síncope marca la primera señal de fricción entre el nuevo gobierno y el periodismo organizado, en un momento en el que la transparencia en el manejo de la tragedia resulta clave para evaluar la respuesta estatal y para acompañar a las comunidades afectadas.