Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, afirmó en diálogo con Infobae Colombia que la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó una contratación masiva de personal en los últimos días del gobierno que termina, cuando ya se avecina la transición presidencial. Según el dirigente sindical, esas vinculaciones habrían incumplido varios pasos obligatorios del proceso de selección.
Entre los exámenes que, según el sindicato, no se habrían practicado a los nuevos ingresos figuran el polígrafo, la prueba de polígono y las evaluaciones físicas. Tampoco se habrían hecho, de acuerdo con el señalamiento, las visitas domiciliarias ni los estudios documentales que forman parte de los filtros de verificación de los candidatos a trabajar en la entidad.
Analtraseg, agremiación con presencia mayoritaria en la UNP, agrupa a los funcionarios encargados de los esquemas de protección. Por eso, según expuso Gallo, pone en alerta sobre el ingreso de personas que comenzarían a laborar sin esos controles, en una entidad del Estado responsable de custodiar la vida de personas en riesgo dentro del programa de protección liderado por la UNP.
El sindicato expuso su preocupación por el momento en que ocurre la denuncia: el cierre de una administración y la entrada de un nuevo gobierno. En ese contexto, según el extracto citado, cuestionó que la velocidad de las contrataciones haya podido saltarse etapas consideradas indispensables para el proceso de selección y para la idoneidad del personal que se integra a la UNP.
La UNP, creada hace más de una década, es la entidad encargada de articular las medidas de protección para líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto y servidores públicos. La idoneidad de su personal, incluidos los escoltas y los profesionales de los esquemas, es uno de los factores que, según analistas del sector, influye en la calidad de los esquemas y en la respuesta ante situaciones de riesgo para los protegidos.
La denuncia tiene implicaciones directas para los beneficiarios de la UNP, es decir, para las personas a las que se les asignan esquemas de protección. Si los filtros de ingreso del personal no se aplican, argumentó el sindicato, queda en entredicho la confianza técnica del equipo que acompaña a esas personas y, por extensión, la capacidad operativa de la entidad en un momento sensible de transición.
Desde la entidad aún no se conoce, según el extracto reportado por Infobae, una respuesta oficial sobre la denuncia puntual de Analtraseg ni sobre si se realizaron los exámenes omitidos, al menos en una parte de los casos denunciados. Tampoco se detallaron en la información disponible las cifras de cuántos funcionarios habrían ingresado en esa última etapa sin completar el proceso.
Queda pendiente, en consecuencia, que la administración saliente o las autoridades de control, entre ellas la Procuraduría y la Contraloría, revisen los reportes de vinculación y la documentación de los ingresos señalados por el sindicato. El inicio del nuevo gobierno abre la puerta para que se determine la magnitud de las irregularidades denunciadas, la responsabilidad de los funcionarios que las habrían autorizado y las decisiones administrativas que correspondan sobre los nombramientos cuestionados.