El sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció públicamente que la dirección de la entidad avanza en un proceso de cientos de contrataciones cuando faltan apenas tres días para el cambio de gobierno en Colombia. Según el reporte del sindicato, recogido por El Colombiano, las plazas se están asignando a personas de confianza de la administración que termina su período.
La UNP es la entidad encargada de proteger a personas que enfrentan riesgos extraordinarios por su actividad política, social, periodística o de defensa de derechos humanos. Su planta de funcionarios y contratistas determina la capacidad operativa para atender esquemas de protección en todo el país, por lo que cualquier movimiento masivo de personal tiene efectos directos sobre la cobertura.
La denuncia sindical sostiene que el volumen de contratos previstos supera lo habitual en un proceso de transición. En ejercicios ordinarios, los nombramientos de último momento suelen limitarse a ajustes mínimos en cargos de dirección. El sindicato argumenta que esta vez se trata de un número inusual de contrataciones en un plazo muy corto.
El contexto inmediato es el cambio de gobierno nacional, previsto para el 7 de agosto de 2026, fecha en la cual Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República. El nuevo gobierno heredará la planta de contratistas que esté vigente al momento de la posesión, salvo que se adopten decisiones administrativas para revertir los contratos recién firmados.
La preocupación central de los denunciantes es que el personal vinculado en estas condiciones respondería políticamente a la administración saliente y no al nuevo gobierno. En entidades de seguridad como la UNP, la línea de mando y la coordinación con la fuerza pública dependen en buena medida de la confianza entre el equipo directivo y los esquemas de protección. Una brecha en esa confianza puede traducirse en demoras o fallas operativas.
Para los protegidos, la implicación práctica es clara: cualquier interrupción en los esquemas, reasignación de personal o cambio de protocolos afecta a quienes dependen de la UNP para su seguridad diaria. Entre los beneficiarios de estos esquemas se encuentran líderes sociales, excombatientes, periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios cuya vida corre riesgo verificable.
La denuncia también abre un debate sobre los controles administrativos en la fase final de un gobierno. La ley colombiana permite contratar hasta el último día de mandato, pero distintos órganos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, suelen vigilar los movimientos de personal en ese período para evitar la consolidación de nóminas paralelas o clientelares en entidades del Estado.
Según El Colombiano, el sindicato pidió que las contrataciones se revisen antes de que entren en vigencia y solicitó a las autoridades competentes pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento. Hasta ahora, la dirección de la UNP no ha respondido de forma pública a la denuncia, según lo reportado por el medio.
Queda por verse si el nuevo gobierno, una vez posesionado, decide mantener los contratos firmados en el tramo final, revisarlos caso por caso o solicitar su cancelación. Esa decisión marcará el primer pulso entre la administración entrante y el personal de la UNP que opera los esquemas de protección en el territorio.
La fuente de esta información es El Colombiano, medio que publicó la denuncia sindical y cuyos reportes sirven de base para esta nota.