La seccional Bucaramanga del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) elevó un llamado formal al Gobierno nacional, al Ministerio de Justicia y a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes de seguridad. La solicitud se originó tras un atentado contra un dragoneante del Inpec en esa ciudad, según reportó Infobae.
El sindicato pidió que se revisen los accesos a los establecimientos carcelarios y a las sedes administrativas del Inpec en Santander, así como un reforzamiento de los esquemas de protección para el personal penitenciario. También solicitó que se atiendan de manera prioritaria las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de orden público en la región.
Los dragoneantes son los uniformados del Inpec encargados de la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión del país. Su labor los expone a riesgos de distinto tipo, en especial en penitenciarías donde distintos grupos criminales ejercen presión desde adentro y desde afuera.
Bucaramanga y su área metropolitana han registrado en los últimos años episodios de violencia asociados a disputas entre organizaciones dedicadas al microtráfico y al crimen organizado. En ese contexto, los trabajadores penitenciarios suelen quedar en medio de retaliaciones, tanto dentro como fuera de los penales.
El Inpec, dependiente del Ministerio de Justicia, es la entidad responsable de la guarda, custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad en Colombia. Por eso las solicitudes de sus sindicatos suelen dirigirse tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Defensa, que aporta el respaldo de la fuerza pública en los penales.
La Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas en las que advierte sobre riesgos para comunidades o grupos específicos. Cuando esas alertas coinciden con peticiones formales de gremios penitenciarios, se convierten en insumo para que el Gobierno nacional evalúe el despliegue de medidas adicionales en la zona.
La petición del Seup quedó radicada ante el Gobierno que preside Abelardo de la Espriella, según Infobae. Ahora queda en manos del Ministerio de Justicia y de las autoridades nacionales definir qué acciones concretas se adoptarán y en qué plazos, mientras los trabajadores del Inpec esperan respuestas frente a un riesgo que ya cobró un caso de atentado en Bucaramanga.