Dirigentes de diversas centrales obreras de Colombia elevaron un mensaje al nuevo Ejecutivo en el que pidieron tiempo para desplegar su programa de gobierno. El llamado, recogido por ELTIEMPO.com, estuvo acompañado de un reclamo de autonomía frente a los partidos políticos y de una alerta por la situación del empleo formal.
Las centrales reiteraron que su expectativa central es la reactivación económica con énfasis en la generación de trabajo decente. En sus intervenciones, insistieron en que las políticas laborales deben construirse sobre el diálogo social, no sobre imposiciones unilaterales desde el Gobierno ni desde el Congreso.
El sindicalismo colombiano agrupa a millones de trabajadores en sectores como la industria, la educación, la salud, el sector público y los servicios. Históricamente, las centrales CUT, CGT, CTC y la Confederación de Trabajadores Independientes han participado en mesas de concertación, como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario donde se negocian ajustes al salario mínimo y se discuten reformas.
En el mensaje al nuevo gobierno, los líderes gremiales pidieron un rediseño de las relaciones laborales que, según ellos, debe pasar por recuperar la capacidad adquisitiva del salario, fortalecer la inspección del trabajo y combatir la informalidad, que según cifras conocidas del DANE supera el 55 por ciento de la población ocupada.
La petición de autonomía apunta a que las centrales puedan fijar su agenda propia, sin alinearse automáticamente con ningún partido. Esa independencia, sostienen, es la que les permite sentarse a la mesa con cualquier Gobierno y exigir resultados concretos para los trabajadores, sin importar el color político de la administración.
El llamado coincide con un momento sensible para el mercado laboral. La creación de empleo formal muestra ritmos menores a los de años anteriores y persisten dudas sobre la sostenibilidad de los puestos de trabajo en sectores golpeados por la desaceleración. Para los ciudadanos, la discusión central se traduce en acceso a contratos estables, protección social y mejores salarios.
Desde el nuevo gobierno, la respuesta inicial ha sido abrir canales de diálogo con los sectores organizados del trabajo. La intención declarada es construir una agenda compartida que contemple incentivos a la contratación formal, revisión de la jornada laboral y lucha contra la tercerización, temas que ya estaban en el debate público antes del cambio de administración.
Las centrales también pidieron que la discusión sobre reforma laboral no se adelante en el Congreso sin la debida concertación. Argumentan que una reforma que excluya a los trabajadores puede profundizar laconflictividad social y alejar la inversión. El Gobierno, por su parte, ha señalado que cualquier cambio será socializado.
Como tarea inmediata, las partes acordaron mantener reuniones técnicas en las próximas semanas para revisar los puntos pendientes. Entre ellos figuran la formalización, la protección de los derechos de asociación y negociación colectiva, y el futuro de los trabajadores de plataformas digitales, un debate que ya había comenzado antes del inicio del nuevo gobierno.
En definitiva, el mensaje de las centrales es claro: otorgan un compás de espera al Ejecutivo, pero condicionan su respaldo a que se concreten avances en empleo formal y en el rediseño de las relaciones laborales. La ciudadanía, en particular los asalariados y los trabajadores independientes que buscan formalizarse, estarán pendientes del resultado de esa mesa.