El Gobierno prepara una iniciativa que devuelve al Consejo de Estado la competencia para resolver las acciones de tutela dirigidas contra el presidente de la República. La decisión, ya prácticamente adoptada, corresponde a un ministro designado por el presidente Abelardo de la Espriella, según informó Infobae.
El proyecto revertiría el decreto vigente desde 2025, que trasladó esos expedientes a jueces de circuito. Esa norma había desconcentrado el reparto de tutelas contra altas autoridades nacionales, con el argumento de aliviar la carga del alto tribunal administrativo.
La nueva propuesta mantendría el reparto entre jueces de circuito para las demás autoridades nacionales, como ministros, superintendentes y directores de entidades descentralizadas. Solo el expediente del jefe de Estado volvería al Consejo de Estado.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la iniciativa preserva el carácter administrativo de la medida y descarta la creación de un fuero especial para el presidente. Es decir, no se trata de un privilegio procesal, sino de una redistribución de competencias dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La acción de tutela está regulada en el artículo 86 de la Constitución como un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, y puede presentarse contra cualquier autoridad pública o particular cuando estos vulneran o amenazan derechos como la vida, la salud o el debido proceso.
Cuando la tutela se dirige contra el presidente o contra otras altas autoridades del Estado, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fija reglas especiales de competencia. Concentrar esos casos en el Consejo de Estado busca unificar la línea jurisprudencial sobre los actos del jefe de Estado.
El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia y cumple funciones de cuerpo consultivo del Gobierno y de juez supremo en disputes contra la administración. Su sala plena y sus secciones especializadas dictan sentencias de tutela que sientan precedentes obligatorios.
La reforma, si se concreta, implicaría un cambio operativo para los ciudadanos que interponen tutelas contra decisiones del Ejecutivo nacional. Sus expedientes dejarían de ser resueltos por jueces de circuito distribuidos por el país y pasarían a tramitarlos las secciones del alto tribunal en Bogotá.
Organismos de control y cortes podrían pronunciarse sobre la legalidad del decreto que se expida. También quedaría pendiente cómo se articulan los términos de traslado y reparto entre los despachos del Consejo de Estado para evitar congestión, un debate recurrente en la jurisdicción contenciosa.
Por ahora no hay pronunciamiento público del presidente Abelardo de la Espriella ni del Consejo de Estado sobre los detalles del proyecto. Infobae reporta que la decisión ya estaría tomada y que solo resta la expedición formal del decreto correspondiente.