El ministro de la Defensa se pronunció este lunes desde Villavicencio sobre tres asuntos que marcan la actualidad de seguridad en el país. En un evento público, aseguró que son unos irresponsables quienes piden no comprar drones para uso de la fuerza pública, según registró La FM.
La declaración ocurre en un contexto donde el uso de tecnología aérea no tripulada en operaciones militares y policiales ha generado debate. Sectores críticos han planteado preocupaciones sobre el uso de esta herramienta en zonas donde puede haber civiles, mientras que sectores oficiales y de defensa argumentan que es un instrumento clave para reducir riesgos para los uniformados y para precisar operaciones contra grupos armados ilegales.
Villavicencio es una ciudad clave para la estrategia de seguridad en la región de la Orinoquia, un corredor históricamente afectado por organizaciones criminales, disidencias de las FARC y grupos dedicados al narcotráfico. La presencia del ministro en esta ciudad suele estar asociada a anuncios operativos o a compromisos con autoridades locales y regionales.
Además del tema de los drones, el jefe de la cartera de Defensa se refirió a alias Marlon, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades colombianas. Las Fuerzas Militares y la Policía han mantenido operaciones de seguimiento en su contra y su nombre aparece ligado a la coordinación de redes ilegales en varias regiones del país.
El tercer asunto que tocó el ministro fue la muerte de 65 menores en medio del conflicto armado y las operaciones de seguridad. El dato, reportado por La FM dentro de la cobertura del evento, ha despertado cuestionamientos sobre la protección de la población infantil en zonas de conflicto y sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas cuando se llevan a cabo operaciones en territorios con presencia de comunidades vulnerables.
La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones de derechos humanos suelen insistir en que cualquier operación militar debe priorizar el principio de distinción entre combatientes y civiles, incluidos los menores de edad. En anteriores episodios del conflicto, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ha incrementado la exposición de niños y adolescentes a la violencia.
El uso de drones en la fuerza pública colombiana no es nuevo, pero su adquisición y empleo se han ampliado en los últimos años con el argumento de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Críticos han pedido suspender algunas compras o revisar los marcos regulatorios que rigen su uso en operaciones internas, y esa es precisamente la posición a la que respondió el ministro con su declaración.
Desde el Gobierno nacional se ha sostenido que la renovación tecnológica de las Fuerzas Armadas es indispensable para mantener capacidades frente a las amenazas de grupos armados organizados, disidencias y estructuras del narcotráfico. Para el ministro, pedir que no se compren esos equipos significa, según sus palabras, una posición irresponsable frente a la vida de los uniformados y a la seguridad de los ciudadanos.
Quedan abiertas varias preguntas sobre los protocolos que acompañarán la adquisición de los drones, el alcance de su uso en zonas con presencia de civiles y la manera como el Estado esclarecerá las muertes de menores citadas. Las reacciones políticas y de organizaciones de derechos humanos se esperan en las próximas horas, según el cubrimiento que La FM realizó desde Villavicencio.