Dos policías activos, oriundos de Cúcuta y con pocos años para pensionarse, se encadenaron con sus propias esposas a las rejas exteriores de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá. La escena sorprendió a transeúntes y funcionarios que transitaban por la Plaza de Armas a primeras horas del día, según registró el portal Pulzo.
Los uniformados dijeron a los periodistas presentes que su objetivo no era interrumpir el funcionamiento del Palacio Presidencial, sino lograr un cara a cara con el jefe de Estado. Aseguraron traer consigo documentos y testimonios sobre hechos de corrupción que, en sus palabras, se presentan al interior de la Policía Nacional y que no han encontrado respuesta en los canales institucionales.
La protesta ocurre en un contexto donde la Policía Nacional, dirigida por el general director, concentra buena parte de la atención pública por los debates sobre ascensos, sanciones disciplinarias y manejo de recursos. Cualquier denuncia interna debe escalar por la Inspección General o por la Oficina de Transparencia, canales que los manifestantes afirmaron haber agotado sin obtener resultados concretos.
De acuerdo con Pulzo, los dos policías pertenecen a la Metropolitana de Cúcuta y llevan más de dos décadas de servicio. Su condición de próximos a jubilarse les otorga estabilidad laboral, pero, según relataron, también les ha restado margen de maniobra dentro de la institución, pues los traslados y las evaluaciones de desempeño en la etapa final de la carrera suelen ser temas sensibles.
El procedimiento de encadenarse a las rejas de una sede presidencial no es habitual en Colombia, y suele generar un despliegue inmediato de la seguridad perimetral. En este caso, uniformados del esquema de protección presidencial y de la Policía de Bogotá llegaron al sitio para verificar la situación y abrir una mesa de diálogo que permitiera retirar a los manifestantes sin necesidad de acciones de fuerza.
Hasta el publicación de la nota en Pulzo no se conocía un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño ni de la Dirección de la Policía sobre la petición de audiencia. Lo que sí trascendió fue el compromiso de canalizar los reclamos ante la oficina de atención al ciudadano de la Presidencia y ante la Inspección General de la Policía, instancias encargadas de recibir y tramitar denuncias disciplinarias o administrativas.
Para los ciudadanos, este episodio reabre el debate sobre los mecanismos internos con los que cuentan los miembros de la Fuerza Pública para denunciar irregularidades. La posibilidad de ascender o de ser reubicado, las investigaciones internas y el acceso a la justicia penal militar-policial son temas que distintos expertos han señalado como barreras frecuentes para quienes deciden alzar la voz.
También queda sobre la mesa la pregunta por el estado de las investigaciones que, según los propios policías, ya habrían sido puestas en conocimiento de sus superiores. Si las denuncias formales reposan en alguna dependencia disciplinaria, corresponderá a la Policía y a los organismos de control determinar su avance y, en su caso, las responsabilidades individuales a que haya lugar.
Por ahora, la situación más inmediata es la definición de una fecha y un mecanismo para que los uniformados puedan exponer sus planteamientos ante las autoridades competentes. La expectativa de los protestantes es que el caso no quede archivado y que las presuntas irregularidades mencionadas cuenten con una verificación independiente y pública.