El 1 de octubre de 2026, el abogado y oficial retirado del Ejército Nacional Silverio J. Herrera C. publicó una columna de opinión en el medio especializado CONtexto Ganadero. Bajo el título "SOS al presidente Abelardo de la Espriella: el campo de Sucre necesita una respuesta contra el abigeato", el autor dirige un llamado directo al jefe de Estado para que atienda la situación de inseguridad que enfrenta el sector ganadero en el departamento de Sucre.
La columna se suma a una serie de pronunciamientos que productores y líderes gremiales han venido haciendo en distintas zonas del país frente al hurto de ganado, un delito que golpea la economía rural y que en los últimos años ha registrado episodios recurrentes en varias regiones de la costa Caribe y los Llanos. El abigeato, además de afectar el patrimonio de los productores, impacta la oferta de carne, los precios al consumidor y la estabilidad de las familias que dependen de la actividad ganadera.
Sucre es un departamento con tradición ganadera. La actividad ocupa un lugar central en la economía local y en la vida de municipios donde la producción de doble propósito, carne y leche sostiene buena parte del empleo rural. Por eso, los episodios de robo de ganado suelen tener un efecto inmediato en la confianza de los productores y en la decisión de mantener o ampliar sus hatos.
El texto de Herrera C. se publica en un medio dirigido al sector agropecuario, lo que sugiere que el llamado busca movilizar también a los propios ganaderos y a las autoridades regionales y locales, más allá del despacho presidencial. Las columnas firmadas por oficiales retirados suelen poner el acento en la necesidad de articular a la Fuerza Pública con las comunidades rurales y con las alcaldías, en línea con la estrategia de seguridad que el Gobierno ha venido implementando en otras zonas del país.
Desde el punto de vista institucional, el combate al abigeato compete a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades departamentales y municipales. La Policía cuenta con unidades especializadas en delitos contra el patrimonio económico y en el seguimiento a cadenas cárnicas, mientras que la Fiscalía adelanta procesos por los casos denunciados. En Sucre, como en otras regiones, la articulación entre denunciantes, investigadores y jueces resulta determinante para que las capturas se traduzcan en condenas.
Para los ciudadanos, el efecto de este tipo de alertas es directo. El robo de cabezas de ganado reduce los ingresos de familias campesinas, encarece la carne en plazas de mercado y ferias, y puede empujar al desplazamiento de pequeños productores que pierden su medio de vida. También presiona a las autoridades locales a reforzar operativos en zonas veredales y a fortalecer los controles en expendios, frigoríficos y transporte de animales.
Por ahora, el pronunciamiento conocido es la columna de opinión publicada por CONtexto Ganadero. No se registran, en el extracto disponible, anuncios oficiales del Gobierno nacional ni de la Gobernación de Sucre con medidas específicas derivadas de este llamado. Queda en manos del Ejecutivo y de las autoridades competentes definir si el llamado derivará en operativos, mesas de trabajo o nuevas instrucciones a la Fuerza Pública para la región.
El episodio se inscribe en un patrón más amplio: las voces del campo suelen encontrar en las columnas de opinión y en los medios especializados un canal para pedir respuestas del nivel central. Lo que ocurra en los próximos días, y si el llamado de Sucre recibe respuesta oficial, será un indicador de cómo la administración de Abelardo de la Espriella decide atender los reclamos de seguridad en las zonas rurales.