La Operación Amón, ejecutada por las Fuerzas Militares en zona rural de Guaviare, terminó con la muerte de once integrantes de un grupo armado organizado, según informó el Ministerio de Defensa. El parte oficial identifica a Juan Antonio Agudelo Salazar, alias 'Urías Perdomo', como uno de los cabecillas abatidos en la acción.
Sobre Agudelo Salazar pesaba una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permitiera su captura, según ofrecía el propio Ministerio de Defensa. Su nombre figuraba en los carteles de los hombres más buscados de esa estructura armada, lo que da una medida de la importancia que las autoridades le atribuían dentro de la organización.
El hecho cobra especial relieve porque Agudelo Salazar había sido gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro durante 2024. Esa figura, contemplada en la Ley 2272 de 2022, permite a personas vinculadas a grupos armados participar en conversaciones con el Estado bajo ciertas condiciones y con compromisos verificables de abandono de las actividades ilícitas. Su muerte en combate reabre el debate sobre los alcances y los controles de ese rol.
Distintas versiones periodísticas lo vinculan con alias 'Calarcá', uno de los comandantes del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC surgida tras el acuerdo de paz de 2016. Esa cercanía sugiere que 'Urías Perdomo' mantenía vínculos con la cúpula de la organización, pese a su condición formal de gestor de paz.
El bombardeo se produjo en un departamento estratégico para el conflicto armado. Guaviare ha sido históricamente corredor de movilidad y zona de retaguardia de grupos armados, y en su territorio confluyen disidencias de las FARC, estructuras del ELN y bandas dedicadas al narcotráfico. Las operaciones militares en esa región suelen estar rodeadas de sensibilidad por la presencia de comunidades campesinas y de antiguos espacios de reincorporación.
Para los habitantes del sur del país, hechos como este tienen efectos directos. Por un lado, las operaciones buscan reducir la capacidad de acción de los grupos armados que controlan economías ilegales. Por otro, los combates y bombardeos suelen generar restricciones a la movilidad, afectaciones a cultivos de uso ilícito y riesgo de daños colaterales en zonas donde viven comunidades rurales.
La doble condición de 'Urías Perdomo', gestor de paz por un lado y cabecilla con recompensa por el otro, dejó preguntas abiertas. El gobierno nacional no había informado públicamente sobre su desvinculación del proceso, ni sobre eventuales incumplimientos que justificaran el levantamiento de su condición. Esa opacidad alimenta la incertidumbre sobre los criterios con los que se mide la permanencia en la figura de gestor de paz.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa presentó el resultado de la Operación Amón como un golpe estratégico contra las finanzas y el mando de la estructura armada. El conteo de once bajas en una sola acción es inusual y refuerza el mensaje de presión militar sobre las disidencias en el suroriente colombiano, donde el gobierno busca retomar la ofensiva tras meses de diálogos parciales.