El subsidio Colombia Mayor es uno de los programas sociales de transferencias condicionadas más antiguos del Estado colombiano. Está dirigido a personas mayores de 65 años, o de 60 si son mujeres, que no cuentan con pensión y se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, de acuerdo con la normatividad vigente del Departamento de Prosperidad Social.
Según el reporte de Noticias RCN, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que durante su Gobierno se impulsarán modificaciones al programa. El extracto de la fuente indica que el cambio propuesto apunta a redefinir el monto y las reglas de acceso, aunque no precisa cifras ni fechas en el resumen disponible.
El hecho genera atención porque Colombia Mayor llega a cerca de 1,7 millones de beneficiarios en todo el país, según los registros históricos del programa. Cualquier modificación en el valor del giro, en los requisitos de entrada o en la periodicidad de los pagos tiene efectos directos sobre esa población, que en su mayoría reside en zonas urbanas y rurales con bajos ingresos.
Hasta ahora, el programa opera con un subsidio mensual que suele entregarse en ciclos bimestrales o acumulados, dependiendo de la disponibilidad presupuestal del DPS. Las mesas técnicas que suelen acompañar estos ajustes suelen discutirse en el Congreso y en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde se definen las fuentes de financiación, en general con recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta del Gobierno de la Espriella se conoce en un contexto de presión fiscal sobre los programas sociales. Analistas consultados en otras coyunturas han señalado que el envejecimiento poblacional en Colombia aumenta la demanda de protección para adultos mayores. Por eso, ajustes al programa suelen discutirse junto con debates sobre la reforma pensional y la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez.
Para los beneficiarios, el punto central es el monto efectivo que reciben cada ciclo. Modificaciones en el valor del giro impactan la compra de alimentos, el pago de servicios públicos y, en muchos casos, el sostenimiento de hogares encabezados por personas mayores que no tienen redes familiares de apoyo.
Otro aspecto sensible es la focalización. El programa utiliza criterios del Sisbén y condiciones de edad y discapacidad para priorizar a quienes no cuentan con pensión ni otra fuente de ingresos. Cualquier cambio en esos criterios puede ampliar o reducir la población elegible, algo que las alcaldías y los operadores del programa suelen monitorear con atención.
Queda pendiente conocer el texto oficial de la propuesta, las fuentes de financiamiento y el cronograma de transición. También se espera la reacción del Congreso, de los gremios de pensionados y de las organizaciones sociales que trabajan con adultos mayores en pobreza, así como los ajustes técnicos que haría el Departamento de Prosperidad Social para implementar los cambios.
Por ahora, el anuncio reabre una discusión central sobre el contrato social con los adultos mayores más vulnerables. El resultado de esa conversación dependerá de los proyectos que el Gobierno radique y de los acuerdos que se logren en el trámite legislativo durante su mandato.