A pocas semanas de que se cumpla el plazo de la emergencia declarada en Cali, los damnificados siguen esperando el decreto que active los subsidios de servicios públicos prometidos por el Gobierno Nacional. El instrumento, indispensable para girar los recursos, no ha sido firmado, según reportó Más Colombia.
La emergencia que afecta a la ciudad tiene como fecha de vencimiento el 18 de septiembre. Hasta ese día, las medidas extraordinarias habilitan al Ejecutivo para tomar decisiones administrativas y presupuestales por encima de la normatividad ordinaria. Si el decreto no sale antes de esa fecha, el marco temporal que lo justifica pierde fundamento jurídico.
Los subsidios de servicios públicos forman parte del paquete de ayudas anunciado tras los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia. Su propósito es reducir la carga económica de los hogares afectados en el pago de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural, rubros que representan una proporción significativa del gasto de los estratos bajos.
Sin el decreto, los usuarios damnificados no pueden acceder a los alivios tarifarios y las empresas prestadoras no tienen un lineamiento claro para aplicarlos. En la práctica, las facturas siguen llegando con sus valores plenos, mientras las familias evalúan cómo priorizar el pago entre alimentación, arriendo y servicios.
La situación expone un cuello de botella frecuente en la respuesta a emergencias en Colombia: la distancia entre el anuncio político y la expedición del acto administrativo que lo materializa. Mientras el primero se comunica de forma inmediata, el segundo suele requerir conciliaciones técnicas entre ministerios de Hacienda, Vivienda y las comisiones de regulación.
Para los damnificados, la consecuencia es concreta. Cada día sin decreto es un día sin alivio tarifario. En zonas donde la infraestructura misma de acueducto o energía resultó comprometida, la ausencia del beneficio se suma a la falta de servicio pleno, lo que agrava la situación de hogares que perdieron enseres, vivienda o ingresos.
Sectores gremiales y sociales han pedido que el Ejecutivo acelere la firma del decreto antes del 18 de septiembre. Su argumento central es que, una vez vencida la emergencia, la activación de subsidios extraordinarios requeriría un nuevo marco legal, lo que retrasaría la ayuda al menos hasta el próximo período legislativo.
Desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Minas y Energía, dependencias competentes para la suscripción del decreto, no se había confirmado, al cierre de esta nota, una fecha cierta de publicación. Mientras tanto, la Alcaldía de Cali continúa el censo de damnificados y la caracterización de daños, información clave para asignar los recursos cuando el decreto entre en vigencia.
El desenlace depende de los próximos días. Si el decreto se expide antes del 18 de septiembre, los subsidios podrían aplicarse con retroactividad sobre el período de emergencia. Si se expide después, los damnificados tendrán que esperar un nuevo trámite legal y la ayuda llegará con varios meses de retraso.