Un grupo de personas que se presentó como integrantes de la Policía Nacional llegó este martes 1 de septiembre a uno de los accesos de la Casa de Nariño, en Bogotá, y protagonizó una protesta en la que se ató con las mismas esposas del uniforme. El reporte periodístico indica que los manifestantes serían procedentes de Cúcuta y pidieron ser recibidos por el presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la fuente, el motivo explícito de la manifestación son presuntas irregularidades dentro de la Policía del Norte de Santander. Aunque el extracto no detalla los hechos concretos denunciados, sí precisa que los uniformados exigen respuestas y alegan afectaciones que estarían ocurriendo al interior de la institución en ese departamento.
La escena se concentró en la entrada de la sede presidencial, lo que convirtió el reclamo en un hecho visible para la opinión pública y para los equipos de seguridad que custodian el edificio. Esposarse como forma de presión es una práctica de protesta que ya se ha visto en Colombia en reclamos de miembros activos o en retiro de la fuerza pública, lo que suele generar congestión y respuesta inmediata del esquema de protección del Palacio.
El episodio ocurre en un contexto sensible. La Policía Nacional atraviesa desde hace años cuestionamientos internos por casos de corrupción, ascensos irregulares y denuncias de abuso de poder. Cualquier denuncia desde la tropa o desde uniformados en retiro obliga, por ley, a que esos señalamientos se canalicen por la Inspección General de la Policía o por la Fiscalía, según la gravedad de los hechos.
La manifestación se da en las primeras semanas de gestión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, periodo en el que la relación entre el Gobierno nacional y la fuerza pública suele quedar bajo observación ciudadana. Un reclamo directo en la puerta de la Casa de Nariño vuelve a poner el foco sobre la cadena de mando y sobre los canales oficiales que tienen los uniformados para elevar denuncias sin necesidad de tomarse las calles.
Por ahora no hay reporte oficial de capturas, lesionados ni personas retiradas del lugar. Tampoco se conoce si desde la Casa de Nariño se abrió algún canal de diálogo con los manifestantes, si el Ministerio de Defensa emitió pronunciamiento o si la propia Policía ordenó un proceso disciplinario. Esa información quedó pendiente al cierre del reporte citado.
Lo que sigue depende del pronunciamiento del Gobierno y de la cúpula policial. Si se confirma la identidad de los uniformados y la veracidad de los hechos denunciados, las investigaciones internas y los traslates a la Fiscalía se vuelven una exigencia institucional. Si no se confirman, el caso puede derivar en indagaciones sobre uso indebido de uniformes y obstrucción a la sede presidencial.