El Gobierno nacional entregó un balance sobre el estado de las Casas de Justicia en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca (Cali) y Risaralda, tras el terremoto que sacudió varias regiones del país. El reporte, recogido por La FM, detalla que estas sedes de atención al ciudadano registran afectaciones en su infraestructura física.
Las Casas de Justicia son puntos de encuentro donde convergen entidades del Estado para ofrecer servicios legales, de conciliación y orientación a la población. Funcionan bajo el Programa Nacional de Casas de Justicia, coordinado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objetivo de acercar la oferta institucional a comunidades que, en muchos casos, no cuentan con acceso fácil a notarías, comisarías o despachos judiciales.
Según el reporte citado por La FM, las observaciones se concentran en la infraestructura de las sedes, lo que incluye desde daños estructurales hasta afectaciones menores que deben ser evaluadas técnicamente. El documento también precisa que se realiza un seguimiento a cada una de las sedes afectadas para determinar la magnitud real de los daños y las acciones a seguir.
La zona del Pacífico colombiano, en particular el Chocó, ha sido históricamente una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, dada su ubicación sobre fallas geológicas activas. Eventos telúricos de diversa magnitud han generado en el pasado afectaciones a viviendas, vías y equipamientos públicos en esa zona, por lo que la evaluación de inmuebles estatales forma parte de los protocolos de respuesta ante emergencias.
Para los ciudadanos, las Casas de Justicia cumplen un papel relevante porque concentran trámites que, de otro modo, requieren desplazamiento a cabeceras municipales o a ciudades capitales. Si las sedes quedan fuera de servicio o funcionan parcialmente, las comunidades locales pueden ver limitado su acceso a mecanismos de resolución de conflictos, asesoría legal y rutas de atención en violencia intrafamiliar, entre otros.
El reporte no detalla, según el extracto disponible, si las Casas de Justicia permanecen cerradas, si operan en horarios reducidos o si fueron reubicadas temporalmente. Tampoco se pronuncian sobre el número exacto de sedes impactadas ni sobre el plazo previsto para reparaciones. Esos elementos forman parte del seguimiento que las autoridades anunciaron.
En el contexto institucional, este tipo de balances suele articularse con los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo y con las alcaldías municipales, que son las encargadas de levantar los inventarios de daños. A partir de esa información se priorizan las intervenciones y se asignan recursos, en muchos casos con apoyo de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Según La FM, el Gobierno continuará con el seguimiento a las sedes afectadas en Chocó, Cali y Risaralda. La expectativa es que, una vez se completen las evaluaciones técnicas, se conozca el grado real de los daños y se defina un cronograma para la recuperación de la infraestructura afectada, en paralelo con la atención de las comunidades impactadas por el movimiento telúrico.
Por ahora, el reporte deja sobre la mesa el inventario de observaciones a la infraestructura y confirma que el monitoreo continúa. La ciudadanía de las zonas afectadas permanece atenta a los siguientes reportes oficiales para saber cuándo se restablecerá el servicio completo en estas Casas de Justicia.