El presidente Abelardo de la Espriella divulgó durante una alocución televisada de más de 19 minutos unas cifras de fallecidos y desaparecidos que no coincidieron con las reportadas por Medicina Legal. La diferencia quedó expuesta ante la opinión pública mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto, según reportó Infobae.
El asunto no se limita a un simple desfase numérico. El contraste entre las cifras oficiales del Gobierno y las que maneja Medicina Legal reavivó la discusión sobre la conveniencia de retomar un conteo unificado, una tarea que venía realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Ungrd había sido la entidad encargada de consolidar la información sobre víctimas durante emergencias de gran magnitud. Su labor consistía en recibir reportes de alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro, cruzarlos con los registros forenses y entregar una cifra única al país.
Cuando ese proceso se interrumpe o se queda a medias, lo que suele ocurrir es que cada institución publica sus propios datos. El resultado es que los ciudadanos reciben versiones distintas sobre cuántas personas perdieron la vida o cuántas siguen desaparecidas.
Para las familias que buscan a sus seres queridos, la dispersión de cifras tiene consecuencias directas. Un número menor de desaparecidos del reportado oficialmente podría dar lugar a búsquedas suspendidas antes de tiempo. Un número mayor, en cambio, puede prolongar la angustia sin que haya un mecanismo claro de actualización.
El contraste también afecta la respuesta institucional. Los organismos de socorro, las autoridades locales y las entidades de salud necesitan una cifra confiable para dimensionar el alcance de la tragedia y asignar recursos de manera proporcional.
En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la veracidad de los datos presidenciales y pidieron que se aclararan los criterios usados para elaborarlos. Otros recordaron episodios pasados en los que la información oficial sobre víctimas se corrigió varios días después del evento.
Medicina Legal, por su parte, suele ser la fuente de referencia en el país cuando se trata de confirmar muertes por causas violentas o por desastres naturales. Su metodología incluye identificación forense, necropsias y cruce con reportes de desaparecidos.
Mientras no exista un pronunciamiento conjunto entre la Casa de Nariño y Medicina Legal, la ciudadanía queda expuesta a dos lecturas de una misma tragedia. La transparencia en la metodología utilizada para cada reporte resulta clave para restablecer la confianza.
Queda por ver si el Gobierno convocará una mesa técnica con la Ungrd y Medicina Legal para conciliar los datos, o si Medicina Legal publicará un comunicado oficial explicando las diferencias. Lo cierto es que, hasta ahora, el conteo unificado no se ha restablecido.