En su primera alocución presidencial, Abelardo De la Espriella entregó un balance preliminar de los daños provocados por el terremoto que sacudió al país. Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres citado por el mandatario, las pérdidas materiales superan los $30 billones, una cifra que dimensiona la magnitud de la emergencia.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD, es la entidad encargada de coordinar la respuesta ante emergencias en Colombia. Su reporte, que aún no ha sido publicado en detalle, sirvió de base para el anuncio presidencial y para dimensionar el alcance de la catástrofe en viviendas, infraestructura y actividad económica.
Colombia es un país ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que atraviesa la cordillera de los Andes y la costa Pacífica. Eventos telúricos de diversa intensidad forman parte del historial reciente del país, lo que ha obligado a reforzar protocolos de evacuación, normas de construcción sismorresistente y esquemas de atención de desastres.
En el mismo mensaje, el presidente pidió a las entidades bancarias reducir las tasas de interés para aliviar la carga financiera de los hogares y empresas afectados. El llamado se dirige a un sector que en Colombia maneja productos como créditos de vivienda, tarjetas de crédito y préstamos comerciales, todos sensibles ante alzas en las tasas.
La petición al sistema financiero se enmarca en un momento donde el acceso al crédito se ha vuelto más restrictivo por las políticas monetarias adoptadas en los últimos años. Una eventual reducción de tasas facilitaría la reconstrucción de quienes perdieron viviendas o negocios, aunque la decisión final corresponde a cada banco y al Banco de la República, autoridad monetaria del país.
De la Espriella también anunció lo que denominó Plan Marshall, en referencia al programa de reconstrucción con el que Estados Unidos ayudó a Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. El plan, según lo expuesto en la alocución, busca articular recursos públicos, cooperación internacional y apoyo del sector privado para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por ahora no se conocen los detalles operativos del Plan Marshall: montos, fuentes de financiamiento, cronograma ni regiones priorizadas. Tampoco se ha informado si el proyecto requerirá aprobación del Congreso o si se ejecutará mediante decretos y facultades especiales, como suele ocurrir en declaratorias de emergencia económica o social.
La cifra preliminar de $30 billones coloca al evento entre los más costosos de la historia reciente del país. Emergencias como el terremoto de Armenia en 1999 o las inundaciones de La Mojana han demandado cuantiosos recursos del Presupuesto General de la Nación y de créditos con organismos multilaterales, lo que da una idea del esfuerzo fiscal que podría implicar la reconstrucción actual.
En las próximas horas se esperan reportes técnicos ampliados de la UNGRD, balances de daños por sectores y la reacción de gobernadores y alcaldes de los municipios afectados. También se aguarda la respuesta del sistema financiero al pedido presidencial y la convocatoria oficial del Gobierno para sumar aliados internacionales al mencionado Plan Marshall.