El gobierno de Abelardo De La Espriella negó que el rechazo de parte de la ayuda internacional ofrecida tras el terremoto obedezca a razones políticas o ideológicas, según publicó el medio TN. La aclaración se produjo después de que circularan versiones que apuntaban en esa dirección, en un contexto de emergencia nacional en el que distintos países ofrecieron asistencia técnica y humanitaria.
De acuerdo con el extracto publicado por TN, hasta el momento Colombia aceptó el envío de asistencia únicamente de cuatro países: Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. La cartera encargada de coordinar la respuesta no ha detallado públicamente por qué se descartaron o se dejaron en suspenso las ofertas de otros Estados, y se desconocen los criterios técnicos aplicados para evaluar cada propuesta.
Colombia es un país con experiencia recurrente en sismos por su ubicación geográfica y cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo que evalúa la utilidad y pertinencia de la ayuda externa. En emergencias anteriores, las autoridades suelen aceptar rescantación internacional, pero también han rechazado donaciones cuando no resultan útiles o cuando los trámites logísticos las hacen inviables. El terremoto reciente reactivó ese protocolo en medio de críticas y dudas.
La postura del gobierno fue divulgada por un medio internacional, lo que amplificó el debate dentro y fuera del país. Sectores de la oposición y voces en redes sociales cuestionaron la decisión y exigieron explicaciones oficiales sobre los criterios empleados. El gobierno, en cambio, sostuvo que la negativa responde a razones operativas y no a una postura política frente a los países oferentes.
Para los ciudadanos, el punto central es si la ayuda internacional o rechazada era necesaria y si llegó a las zonas afectadas. Organizaciones de ayuda y voluntarios han reportado necesidades de insumos, equipos de rescate y apoyo logístico en los municipios golpeados por el sismo. La población espera que las donaciones aceptadas se traduzcan en acciones concretas en el terreno.
En el plano institucional, el episodio pone a prueba la capacidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la Cancillería para canalizar la cooperación. También expone la tensión habitual entre la soberanía nacional y la diplomacia humanitaria, un equilibrio delicado cuando se trata de aceptar rescantación extranjera en medio de una catástrofe.
Entre lo que queda por esclarecer, el gobierno deberá precisar la lista completa de países que ofrecieron ayuda y el estado de cada oferta. También falta conocer el inventario de necesidades en las zonas del siniestro, los tiempos estimados de llegada de la asistencia aceptada y los mecanismos de transparencia sobre el uso de los recursos. La emergencia, en cualquier caso, sigue abierta.
La administración de De La Espriella enfrenta así un doble reto: atender la emergencia con los recursos disponibles y, al mismo tiempo, comunicar con claridad a la opinión pública los criterios con los que decide qué ayuda entra y cuál no. Esa transparencia será clave para que el manejo de la catástrofe se evalúe por sus resultados y no por especulaciones políticas.