El sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el lunes y abrió una prueba de fuego para el Gobierno nacional. La emergencia debe coordinarse en un momento en que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no tiene un director en propiedad, según reporta El Colombiano. Ese vacío en la cabeza de la entidad añade un grado de complejidad a la respuesta oficial, justo cuando más se necesita una cadena de mando clara.
La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado frente a emergencias como sismos, deslizamientos, inundaciones e incendios forestales. Por su naturaleza, la unidad debe operar con protocolos activos, canales de comunicación con autoridades locales y regionales y un equipo directivo con autoridad para tomar decisiones rápidas. Sin un director nombrado en propiedad, la vocería y la firma de muchas decisiones operativas quedan en interinidad.
El reporte de El Colombiano señala que la falta de titular en la UNGRD no es la única ausencia. Otros cargos clave del sistema de gestión del riesgo tampoco tienen todavía a su responsable nombrado. Esto reduce el margen de reacción frente a una emergencia de gran escala como la que dejó el terremoto del lunes. La coordinación del mismo nivel de desastre exige una estructura completa, y la transición abierta puede ralentizar la toma de decisiones.
El cambio de gobierno en Colombia suele llegar acompañado de un periodo de empalme en las entidades del orden nacional. En ese lapso, varias direcciones y subdirecciones permanecen en encargo hasta que se posesionan los nuevos funcionarios. Esa transición se diseñó para garantizar la continuidad del servicio público, pero las emergencias de gran magnitud suelen poner a prueba la capacidad del Estado para tomar decisiones sin tropiezos burocráticos.
Para la ciudadanía, la consecuencia práctica es directa. La respuesta en zonas afectadas depende de la activación de planes de contingencia, la evaluación de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la reconstrucción de infraestructura. Cada una de esas etapas atraviesa decisiones que, formalmente, deben estar respaldadas por funcionarios con competencia. La interinidad abre la puerta a cuellos de botella administrativos en momentos críticos.
Desde el orden territorial, gobernadores y alcaldes son la primera línea de respuesta. Sin embargo, la legislación colombiana les asigna a la UNGRD y al Ministerio del Interior el acompañamiento técnico y presupuestal. Por eso, un sismo de 7,4 interpela a la Nación entera. La presión sobre los mandatarios locales es alta, en la medida en que la cadena de apoyo nacional puede tardar en activarse por los nombramientos pendientes.
Según el reporte, el Gobierno debe resolver con rapidez el nombramiento del director de la UNGRD y de los demás cargos clave para evitar que la emergencia se convierta en crisis institucional. La atención del terremoto, por la magnitud reportada, exige decisiones inmediatas sobre albergues, atención de heridos y censo de viviendas afectadas. Esa es la prueba en marcha que enfrenta el nuevo equipo de gobierno.
Quedan varios frentes por resolver en el corto plazo. Primero, la confirmación oficial de la magnitud, la localización y los daños estructurales del sismo. Segundo, el reporte de víctimas, lesionados y comunidades aisladas. Tercero, la ruta de nombramientos en la UNGRD y demás entidades del sistema de gestión del riesgo. La convergencia de esos tres frentes define el éxito o las dificultades de la respuesta nacional.
El Colombiano señala que la emergencia pone a prueba al nuevo Gobierno desde su primer gran reto en materia de gestión del riesgo. La percepción ciudadana sobre la capacidad estatal se medirá, en buena parte, por la velocidad con la que se designen los responsables y por la coordinación que muestren las entidades involucradas. Esa lectura política se sumará a la lectura técnica de la atención del desastre.
El observatorio seguirá de cerca la evolución del nombramiento del director en propiedad de la UNGRD y la consolidación de la respuesta oficial al terremoto. Se rastreará la comunicación entre el Gobierno nacional, los entes territoriales y los organismos de socorro. La cobertura priorizará los reportes oficiales sobre daños, atención de la emergencia y decisiones presupuestales para la reconstrucción.