En sus primeros quince días al frente del Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella empezó a mover las fichas del sector de seguridad, uno de los ejes con los que llegó a la Casa de Nariño. La apuesta, según recoge El Colombiano, se orienta a convertir en decisiones administrativas lo que fue promesa reiterada durante la campaña. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico aparecen como las prioridades del nuevo timón presidencial.
El extracto publicado por El Colombiano recuerda que el propio De la Espriella aseguró, en el fragor de la campaña, que al llegar al poder haría de esos dos asuntos la base de su gestión. El giro de los primeros días se lee, entonces, como el cumplimiento de un compromiso explícito ante el electorado. El presidente pasó de la oferta electoral a la ejecución, con el peso político que eso implica al inicio de un gobierno.
La seguridad ha sido históricamente uno de los temas más sensibles para la opinión pública colombiana. Las demandas ciudadanas suelen combinar la lucha contra los grupos armados ilegales, la protección de líderes sociales y el combate a las economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico. Cualquier reordenamiento en este sector toca piezas sensibles del Estado, como la Fuerza Pública, la Fiscalía y los ministerios con presencia territorial.
El narcotráfico, en particular, es un frente que involucra a varias entidades del Estado y exige coordinación internacional. Los gobiernos anteriores han ensayado distintas estrategias, desde la interdicción marítima y terrestre hasta la sustitución voluntaria de cultivos. El modelo que adopte el nuevo gobierno marcará la pauta en la relación con países aliados y con los organismos de seguridad regional.
Para los ciudadanos, un viraje en la política de seguridad se traduce en cambios en la presencia militar y policial en los territorios, en la manera como se reportan los avances y en los indicadores que el Gobierno decida privilegiar. Regiones golpeadas por la violencia suelen estar atentas a los primeros movimientos del Ejecutivo, porque de ellos dependen operativos, recursos y mesas de diálogo.
El hecho de que el ajuste se dé en las dos primeras semanas de mandato le da al presidente la ventaja de la novedad política y la atención mediática. También le fija un estándar alto: cualquier retroceso posterior será leído como incumplimiento de lo prometido en la campaña. La presión recae ahora sobre los equipos técnicos designados para ejecutar la nueva estrategia.
Quedan varias preguntas abiertas según lo consignado por El Colombiano: el alcance exacto del reordenamiento, las entidades involucradas, los recursos que se destinarán y los plazos que se fijará la administración. La información publicada por el diario es el primer indicio público del cambio de rumbo. Los detalles finos, por ahora, están por conocerse en comunicados y decretos posteriores.
Por lo pronto, el mensaje político es claro. De la Espriella eligió arrancar su gobierno por el flanco que más prometió en las plazas y en los medios. La forma en que se concrete esa promesa en cifras de reducción de delitos, capturas y operativos será la vara con la que se medirá el resultado de este primer timonazo.
