El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que todos los grupos criminales que operan en Colombia serán tratados como organizaciones terroristas, según informó CAMBIO Colombia. La afirmación se produjo en un momento en el que la seguridad urbana y rural enfrenta desafíos por la presencia de estructuras armadas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.
Colombia cuenta con un marco legal propio para enfrentar a grupos armados organizados. La Ley 418 de 1997 y sus prórrogas han permitido por décadas el uso de herramientas especiales, como los servicios de inteligencia y la figura del gestor de paz, en el contexto de procesos de negociación con organizaciones al margen de la ley. La legislación antiterrorista, en tanto, se aplica generalmente a conductas individuales tipificadas en el Código Penal.
La declaración presidencial introduce una diferencia conceptual entre grupos criminales y terroristas que ya había sido trabajada por gobiernos anteriores. Mientras el crimen organizado suele perseguir fines económicos, el terrorismo implica, según el derecho internacional, el uso de la violencia con fines políticos o ideológicos para intimidar a la población. Distintos analistas han señalado que esta distinción es clave para aplicar las herramientas del Estado en cada caso.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene implicaciones prácticas. Las fuerzas de seguridad podrían priorizar el uso de la inteligencia y la cooperación internacional para rastrear finanzas y redes de estos grupos. En zonas afectadas por la extorsión a comerciantes, el cobro de vacunas a transportadores o los desplazamientos forzados, la medida se traduce en la expectativa de operativos más contundentes contra cabecillas y estructuras de mando.
La declaración también genera preguntas sobre el alcance de la figura de terrorismo en Colombia. Expertos en derecho penal consultados en distintas ocasiones han recordado que el país no tiene un tipo penal único que defina al terrorismo, sino múltiples conductas asociadas que van desde el financiamiento hasta la pertenencia a grupos armados ilegales. Aplicar esta categoría de manera general requeriría decisiones de la Fiscalía, los jueces y eventualmente de la Corte Constitucional.
El pronunciamiento se conoce en medio de una conversación nacional sobre la persistencia de la violencia en regiones como el Cauca, el Catatumbo y el sur de Córdoba, donde grupos armados y disidencias continúan disputando el control territorial. Los gobiernos recientes han combinado la presión militar con intentos de sometimiento a la justicia y diálogos parciales, una estrategia que este anuncio podría complementar o modificar.
La reacción de sectores políticos y sociales a declaraciones de este tipo suele ser diversa. Mientras algunos sectores las respaldan por considerar que endurece la respuesta estatal, otros advierten sobre los riesgos de criminalizar estructuras que incluyen perfiles heterogéneos, desde mandos medios hasta jóvenes reclutados forzosamente. La Corte Constitucional ha subrayado en fallos previos que el uso de categorías como terrorismo debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad.
Según CAMBIO Colombia, esta es la posición oficial del Gobierno en materia de seguridad frente a las organizaciones criminales. Queda pendiente conocer las directrices que impartirá el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para operacionalizar el anuncio, así como el tipo de coordinación que se establecerá con la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar a los integrantes de estos grupos.