El presidente Abelardo de la Espriella reiteró que su administración no establecerá distinciones entre los distintos actores del delito en Colombia. Según informó NTN24, el mandatario señaló que todos los delincuentes serán tratados y enfrentados bajo un mismo criterio, sin importar su origen o condición.
“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, fue la frase con la que el jefe de Estado resumió la posición oficial, de acuerdo con la nota publicada por el medio citado. La declaración refuerza la línea de mano firme que el gobierno ha mantenido frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
La expresión del presidente se inscribe en una discusión de fondo sobre el alcance del término “terrorismo” en el ordenamiento jurídico colombiano. En Colombia, la legislación penal contempla figuras específicas como el terrorismo, la financiación de grupos armados y los delitos conexos, y su aplicación depende de la tipificación que haga la Fiscalía y los jueces competentes.
Para la ciudadanía, la afirmación presidencial tiene implicaciones prácticas en materia de seguridad y debido proceso. En las regiones donde delinquen bandas criminales, disidencias, grupos armados organizados y estructuras dedicadas al narcotráfico, los habitantes han pedido durante años acciones efectivas del Estado, pero también claridad sobre los procedimientos con los que se investigará y juzgará a los detenidos.
Organizaciones de derechos humanos y abogados penalistas suelen advertir que catalogar como terroristas a todos los participantes en hechos delictivos puede chocar con principios del derecho internacional humanitario y con las garantías judiciales internas. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reiterado en múltiples sentencias que el tipo penal de terrorismo exige que se acrediten elementos específicos, y que no toda conducta violenta encaja en esa categoría.
En el plano institucional, el anuncio pone a prueba la articulación entre el Ejecutivo, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Si la directriz presidencial se traduce en operativos conjuntos, capturas y judicialización, el resultado se medirá en condenas efectivas. Si se queda en el terreno del discurso, el impacto será sobre todo político.
El gobierno también deberá precisar cómo se compatibiliza esa posición con las mesas de diálogo o los procesos de sometimiento que se han discutido con algunas estructuras en años recientes. La experiencia colombiana muestra que las políticas de seguridad combinan, según el momento, la acción militar, la persecución judicial y, en ciertos casos, conversaciones orientadas a la desmovilización.
En el frente internacional, la retórica sobre “terrorismo” suele condicionar la cooperación en inteligencia, asistencia técnica y eventualmente el intercambio de información con otros países. Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales evalúan las solicitudes colombianas teniendo en cuenta la consistencia entre las declaraciones oficiales y el marco legal interno.
Por ahora, el pronunciamiento deja abierta la pregunta sobre cómo se traducirá en políticas concretas: si habrá nuevos tipos de operación, cambios regulatorios o ajustes en la coordinación con los ministerios de Defensa y de Justicia. NTN24, la fuente de esta información, consignó la declaración presidencial sin reportar, hasta el momento, reacciones oficiales de otros poderes del Estado.
Lo que queda pendiente es el siguiente paso: ver si el Ejecutivo expide directrices formales, si el Ministerio Público abre investigaciones disciplinarias por posibles excesos y si la Fiscalía define criterios unificados para la imputación de cargos. La ciudadanía observará de cerca si las palabras del presidente se reflejan en resultados verificables en las zonas más afectadas por la violencia.